Investigan a una empleada del Registro Civil de Neuquén por cobros indebidos y actas adulteradas

La Justicia imputó a una funcionaria por exigir dinero fuera de la normativa y confeccionar un acta matrimonial con datos omitidos, lo que generó perjuicios a una pareja y al Estado.

Una empleada del Registro Civil de Neuquén quedó formalmente imputada en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de un matrimonio. La acusación incluye cobro indebido de dinero y la confección de un acta con información incompleta, hechos que derivaron en consecuencias económicas tanto para los contrayentes como para la administración pública.

La reformulación de los cargos se concretó este martes durante una audiencia judicial, donde el asistente letrado Facundo Bernat, en representación del Ministerio Público Fiscal, detalló que se mantuvieron los delitos originalmente atribuidos, aunque se incorporaron agravantes y nuevas consecuencias patrimoniales.

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De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada, en su carácter de oficial pública, habría exigido a una pareja el pago de $90.000 bajo el argumento de que el sellado previamente abonado no correspondía al trámite de matrimonio. Ese dinero fue transferido a una cuenta personal de la funcionaria.

La fiscalía sostuvo que ese cobro carecía de sustento legal y constituyó una maniobra irregular en el ejercicio de la función pública. La operatoria, además, quedó registrada mediante una transferencia bancaria, elemento central incorporado a la causa.

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El segundo episodio investigado se vincula con la confección del acta matrimonial. Según expuso Bernat, la empleada omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco incluyó la identidad de los testigos, un requisito obligatorio establecido por la normativa vigente.

Estas omisiones no solo derivaron en una falsedad documental, sino que también provocaron un perjuicio económico al Estado. Al no quedar asentado el casamiento a domicilio, no se percibió la tasa correspondiente, generando un daño patrimonial a la administración provincial.

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Además, la situación obligó a la pareja a iniciar trámites de rectificación de la documentación, lo que implicó nuevas gestiones y demoras administrativas para subsanar los errores detectados en el acta.

Con estos elementos, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas, por haber convertido en propio el provecho del ilícito, y falsedad ideológica agravada, por haber sido cometida por una funcionaria pública. Ambos cargos se presentan en concurso real y en carácter de autora.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga de tres meses para continuar con la investigación, con el objetivo de profundizar las medidas probatorias y avanzar en el análisis del perjuicio económico generado.

El pedido fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también dio lugar a la reformulación de los cargos. La causa continuará su curso mientras se desarrollan las diligencias previstas en el nuevo plazo otorgado.