En Puerto Madryn, un grupo de vecinos pide reglas claras para el acceso a lotes

Un grupo vecinal busca meterse en la discusión antes de que llegue el proyecto al Concejo. Plantean prioridad para primera vivienda, audiencia pública y servicios como condición de acceso.

La discusión por el acceso a la tierra en Puerto Madryn suma una variable que, según quienes siguen el tema hace años, ya no permite postergar definiciones. En una entrevista radial en #LA17, el arquitecto Gerardo Garmendia remarcó que la transferencia de tierras desde la Armada Argentina al municipio incluye obligaciones con fecha de vencimiento. En ese marco, un grupo de vecinos se organiza bajo el nombre “Madrinenses por la Tierra” para participar del debate que puede marcar el crecimiento de la ciudad hacia el sur.

Garmendia ubicó el punto de inflexión en una norma que, afirmó, impone un límite temporal concreto para ejecutar obras y habilitar el acceso. “Esa ley se vence en 2031”, señaló al aire, y añadió el alcance práctico de ese plazo: “Al 2031 deberíamos tener las obras hechas y la gente accediendo a esa tierra. Son cinco años, queda poco”. La frase condensa una idea central del planteo: si no hay decisiones sostenidas, la oportunidad puede trabarse en el tiempo.

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El entrevistado recordó que la discusión pública no arrancó solo con la apertura de sesiones del Concejo, sino con conversaciones previas sobre el crecimiento hacia el sur y la disponibilidad de tierras estatales. “Empezamos a juntarnos… sino ya en noviembre, diciembre, cuando el tema volvió a estar en los medios”, explicó, al marcar que el grupo nació antes del último anuncio. También describió cómo ese sector se nombra de distintas formas en la ciudad, desde referencias históricas como “loteo de la Armada” hasta denominaciones municipales actuales.

En su diagnóstico, el sur de Madryn aparece como el espacio más razonable para una expansión planificada, tanto en clave residencial como para actividades compatibles con la vida urbana. La escala que describe no es menor, porque habla de un paquete amplio de tierras públicas que, con diferentes jurisdicciones, se mantiene sin definiciones de fondo. “Estamos hablando de cientos y podríamos llegar a mil hectáreas de tierras estatales”, sostuvo, y ubicó la decisión en un plano comunitario: cómo crece la ciudad y bajo qué reglas.

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Dentro de ese universo, la transferencia desde la Armada ocupa el centro del escenario por su volumen y por sus condiciones. Garmendia destacó el rol de la exsenadora Nancy González en la gestión de ese traspaso y lo resumió con una cifra: “La Armada Argentina nos transfiera 525 hectáreas”. Sobre ese punto, remarcó el sentido del “cargo” que acompaña la cesión, que orienta el destino del suelo hacia la primera vivienda y limita maniobras que desvíen el objetivo original.

El entrevistado sumó otra porción de tierras municipales que, afirmó, también entra en juego y requiere una mirada más amplia por su ubicación estratégica. En su exposición, mencionó que además de las 525 hectáreas existen “otras 130” que permanecen como reserva municipal, y que el conjunto podría sostener una planificación de largo plazo si se ordena con criterios urbanos claros. Incluso arriesgó una magnitud poblacional posible y la tradujo a lotes: “Ahí podrían vivir alrededor de 50 mil personas” y “salen casi 10.000 parcelas”, siempre bajo un esquema de vivienda individual y sin pensar en edificios.

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Si el suelo define el mapa, los servicios definen si el plan es viable o se convierte en un problema nuevo. Garmendia lo planteó sin rodeos: “No se puede acceder sin servicios”, dijo, y ubicó allí el corazón del costo real. En su mirada, la discusión no es solo cuántos lotes se habilitan, sino cómo se financian redes internas y obras de apoyo, como infraestructura de agua, saneamiento y energía que excede a cada manzana.

Esa discusión, sostuvo, también depende del contexto económico y del rol actual del Estado, distinto al de años anteriores. “La coyuntura que hoy vivimos no es la coyuntura de hace 10 o 15 años”, afirmó, al señalar que ya no hay garantías de financiamiento nacional o provincial para ejecutar redes completas. Por eso propuso pensar una articulación con el sector privado, pero con resguardos públicos, y sostuvo que el costo de servicios puede representar una parte relevante del valor final: “El financiamiento de los servicios de un lote pueden estar alrededor del 20-30% de lo que cuesta un lote en el mercado”.

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En paralelo, el grupo vecinal busca que el debate pase por los carriles institucionales previstos en la normativa local, para evitar decisiones rápidas sin control social. Garmendia mencionó el Consejo de Planeamiento como ámbito de opinión técnica y recordó que la Carta Orgánica prevé una audiencia pública en emprendimientos de este tipo, además de una exigencia política para aprobar cesiones o transferencias de tierras. “Tiene que aprobarlo por los dos tercios de los concejales”, sostuvo, como garantía de un debate más profundo que una votación por mayoría simple.

Sobre los requisitos de acceso, el entrevistado insistió en que el marco normativo ya existe y que el eje debe quedar en la primera vivienda, sin abrir atajos que cambien el sentido de la política de suelo. En ese punto, se diferenció de cualquier promesa de precios cerrados y dejó una idea general: el Estado, como dueño del suelo, no corre con la urgencia de obtener una ganancia inmediata como un privado. Aun así, defendió que el mecanismo debe ser transparente, con controles y reglas claras para quienes cumplan con las condiciones vigentes.