Comienzo de clases: La caída de la natalidad y la crisis económica empujan a colegios privados al cierre

En los últimos años, el cierre de colegios privados dejó de ser una rareza para convertirse en una preocupación concreta en varias provincias y también en la Ciudad de Buenos Aires. No se trata solo de edificios que se apagan, sino de comunidades enteras que quedan en suspenso cuando una institución desaparece de un día para el otro.

El fenómeno se cruza con un dato de fondo que ya impacta en el sistema educativo: la matrícula escolar empieza a achicarse con fuerza por la baja natalidad. Un informe oficial advirtió que en 2025 el ingreso a primer grado cayó un 25% en comparación con 2020, y la tendencia podría extenderse a todo el nivel primario hacia 2028.

En ese escenario, el Ministerio de Educación porteño aprobó una nueva reglamentación para evitar cierres repentinos. La medida busca que las decisiones no se tomen sobre la hora, cuando las familias ya pagaron matrículas o el ciclo lectivo está en marcha.

La norma quedó establecida en la Resolución N.º 92/MEDGC/26, publicada el 22 de enero, y apunta a asegurar procedimientos “organizados” que permitan la reubicación de todos los alumnos. Desde ahora, los colegios privados que quieran cancelar actividades deberán contar con autorización previa.

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La Dirección General de Educación de Gestión Privada, encabezada por Mercedes Miguel, será el área encargada de evaluar cada caso. Toda determinación vinculada a la discontinuidad tendrá que pasar por esa instancia antes de comunicarse públicamente.

El trasfondo no es solo demográfico. La crisis económica, la morosidad en el pago de cuotas y las secuelas de la pandemia dejaron a muchas instituciones en una situación frágil. En los últimos años se multiplicaron escuelas que cerraron o se fusionaron para subsistir, muchas veces sin margen para ordenar la transición.

Uno de los casos más recientes fue el cierre del Instituto Formar Futuro, con 300 familias inscriptas y 75 trabajadores entre docentes y personal no docente. Según trascendió, los propietarios dejaron de responder comunicaciones luego de anunciar que no abonarían los salarios de diciembre, un episodio que encendió alarmas en el sector.

Para evitar escenarios similares, el Ministerio porteño estableció que las escuelas deberán avisar con al menos cinco meses de anticipación y presentar un cronograma claro. La idea es que no se repitan avisos en diciembre o incluso al inicio de clases, con matrículas ya abonadas.

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La presentación formal deberá incluir pautas de comunicación con docentes, alumnos y familias, además de estrategias para garantizar la finalización del ciclo lectivo y la continuidad escolar en otras instituciones. También se exigirá una declaración jurada sobre la correcta conservación de la documentación oficial.

El trámite deberá iniciarse como fecha límite el 31 de julio del año anterior al cierre previsto. La Dirección General tendrá hasta diez días hábiles para evaluar la documentación, y recién después de esa instancia la institución podrá comunicar su decisión a la comunidad educativa.

El problema excede a la Ciudad. Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), durante el último año cerraron al menos 15 escuelas privadas en el país. Entre 2021 y 2024, el sistema educativo nacional registró una caída acumulada del 2,57% en la matrícula total.

“Sostener la educación privada es cada vez más difícil. Los costos laborales y operativos crecieron de forma significativa y, en muchos casos, los aumentos de aranceles no alcanzaron para compensarlos”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

Mientras los nacimientos se redujeron cerca de un 53% desde 2014, las proyecciones de Argentinos por la Educación anticipan que la matrícula primaria podría caer un 27% hacia 2030, lo que implicaría 1,2 millones de alumnos menos. Un cambio profundo que ya empieza a sentirse en las aulas, incluso antes de que suene el timbre.