Chile mira con recelo un cable directo a Hong Kong y el Congreso pide revisar qué hay detrás

El proyecto Chile–China Express promete más velocidad y autonomía digital, pero avanza con poca información pública y ya genera pedidos de investigación por su impacto estratégico en telecomunicaciones.

Un proyecto de fibra óptica submarina que busca conectar Valparaíso con Hong Kong empezó a escalar como tema político en Chile. La iniciativa, conocida como Chile–China Express (CCE), no solo plantea un salto tecnológico, también encendió alarmas en sectores del Congreso que reclaman mayor transparencia y control institucional.

La propuesta está a cargo de la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) y aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso”. Sus promotores aseguran que podría ofrecer velocidades de hasta 16 terabits por segundo, con mejoras en fiabilidad y reducción de costos de transmisión de datos.

Desde ISS sostienen que el cable permitiría diversificar las conexiones internacionales del país. Víctor Oelckers, gerente general de la firma, afirmó que “hoy día los únicos cables que tenemos de fibra óptica submarina para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo”.

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El problema, según legisladores opositores, es que el proyecto avanzó con un nivel de reserva que contrasta con otros planes oficiales. El gobierno de Gabriel Boric también impulsó el Cable Humboldt junto con Google, con trazado público, inversión estimada entre USD 300 y 550 millones y cronograma hacia 2027.

En cambio, el Chile–China Express aparece con escasa información sobre financiamiento, consorcio y términos contractuales, y sin anuncios formales del Ejecutivo. Esa falta de detalles alimentó sospechas sobre el alcance real del acuerdo y su control estratégico.

Uno de los primeros en levantar la voz fue el senador Alejandro Kusanovic, que calificó el proyecto como “incómodo” y pidió que el nuevo gobierno de José Antonio Kast lo “corrija con urgencia”. En una columna advirtió que “los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos”.

El legislador también llamó a “evitar cualquier atisbo de injerencia extranjera en nuestras decisiones estratégicas”, en un contexto global marcado por tensiones entre China y Occidente. Su planteo apunta a que la infraestructura digital puede convertirse en un terreno de disputa geopolítica.

En el debate aparece un factor central: la normativa china en materia de ciberseguridad e inteligencia. Desde 2017, China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas a cooperar con servicios de inteligencia, y una Ley de Inteligencia Nacional que exige colaboración activa incluso fuera del país.

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Según los críticos, esto podría implicar que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas queden bajo potencial acceso estatal. Además, el carácter transnacional de los cables vuelve el tema regional, ya que parte del tráfico digital de países vecinos podría enrutarse por Chile.

Kusanovic señaló que “ningún proyecto de esta magnitud puede avanzar sin una base política sólida ni al margen del Estado”. También cuestionó la exclusión de territorios como Isla de Pascua y Juan Fernández del trazado del Humboldt, sugiriendo que eso podría favorecer rutas alternativas.

En paralelo, el diputado republicano Hotuiti Teao pidió que la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para revisar antecedentes del cable. “Dada la naturaleza estratégica de esta iniciativa”, reclamó que participen los ministerios vinculados para acceder a información completa sobre diseño y resguardos.

Teao advirtió que el proyecto se relaciona con “infraestructura crítica de telecomunicaciones” y que no se conoce públicamente una evaluación específica en materia de seguridad o ciberseguridad. Para el Congreso, ese vacío justifica una fiscalización con reserva y profundidad.

Mientras tanto, el Chile–China Express sigue avanzando como una iniciativa que promete posicionar a Chile como hub digital, pero que al mismo tiempo abre un debate mayor: quién controla los nodos por donde circulan los datos en una región cada vez más conectada y más expuesta.