equipos neonatales del hospital público, en una clínica privada
La Justicia de Salta constató el uso de equipamiento del Hospital Materno Infantil en un sanatorio privado, pero resolvió no retirarlo para no interrumpir tratamientos vitales.
Una investigación judicial en Salta expuso una situación sensible que obligó a equilibrar el avance de una causa penal con la urgencia sanitaria. Equipos neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil fueron encontrados en funcionamiento dentro de una clínica privada, donde brindaban soporte vital a bebés internados. Frente a ese escenario, las autoridades resolvieron no secuestrar los dispositivos para evitar riesgos a los pacientes.
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el director del hospital estatal, quien advirtió el faltante de equipamiento neonatal y de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la figura de comodato. A partir de esa presentación, tomó intervención la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal provincial.
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Durante las primeras diligencias, los investigadores lograron establecer un vínculo clave para la causa. Según se informó oficialmente, un médico de planta del hospital público, que cumple funciones en el área de gestión de neonatología, es a la vez socio fundador de la sociedad que administra la clínica privada donde se hallaron los equipos. El objeto social de la firma incluye prácticas neonatológicas y pediátricas.
Con esos elementos, la fiscal Ana Salinas, integrante de la UDEC, solicitó una medida de registro en la empresa privada. El procedimiento permitió confirmar la presencia de seis equipos neonatales, instalados y operativos en la Unidad de Terapia Intensiva infantil del establecimiento. En ese momento, los dispositivos se encontraban asistiendo a lactantes internados.
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Ante la constatación, se abrió un dilema inmediato: avanzar con el secuestro del equipamiento como medida judicial o preservar la continuidad de los tratamientos. La fiscalía, en conjunto con la jueza de Garantías N.º 8, Claudia Puertas, evaluó la situación clínica de los pacientes antes de tomar una decisión.
Finalmente, se resolvió no retirar los equipos en forma inmediata. La prioridad fue evitar cualquier interrupción en la atención médica que pudiera poner en riesgo la vida de los bebés. En su lugar, se ordenó el relevamiento detallado e identificación de cada dispositivo, dejando constancia formal de su origen y estado.
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Como medida alternativa, la Justicia dispuso la designación de un depositario judicial, con responsabilidades legales sobre el cuidado y uso del equipamiento. Ese rol recayó en el encargado administrativo de la clínica, quien quedó obligado a garantizar la correcta preservación de los equipos mientras avanza la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la causa continúa en etapa de análisis, con el objetivo de determinar las responsabilidades penales y administrativas que pudieran corresponder. La investigación apunta tanto al circuito por el cual los equipos salieron del hospital como a las condiciones en las que fueron utilizados en el ámbito privado.
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