El Estado se corre del GNL y una licitación define quién maneja el gas del invierno
Actualidad09/02/2026
REDACCIÓN
La Secretaría de Energía abrió una licitación para que un privado importe y comercialice GNL usando la terminal de Escobar. El ganador coordina buques, inventarios y regasificación, con entrega en Los Cardales y un contrato por un año. La compulsa incluye precalificación y una fórmula que se define por precio.
La decisión cambia el tablero de una operatoria sensible, porque el Estado deja de estar al frente de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) justo cuando se empieza a diseñar el abastecimiento del invierno. El nuevo esquema apunta a que un privado ocupe ese rol y se haga cargo de la compra, la logística y la venta del gas ya regasificado en el mercado interno. La medida quedó plasmada en una norma publicada este lunes.
La Secretaría de Energía anunció la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un comercializador. Ese operador deberá importar el GNL y usar la capacidad disponible de la terminal de Escobar, con punto de entrega en Los Cardales. El objetivo oficial se centra en correr al Estado de la operatoria diaria y concentrar la gestión en un único actor.
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Desde el Ejecutivo defendieron el esquema por su promesa de orden operativo y continuidad del servicio. En el texto difundido, remarcaron que “el nuevo esquema contempla un único operador que reemplazará al Estado y brindará mayor previsibilidad y eficiencia en el servicio”. La frase sintetiza el corazón político de la decisión: pasar de una intervención directa a una regulación que define reglas y deja el trabajo a un adjudicatario.
La convocatoria se instrumentó mediante la Resolución 33/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fija lineamientos técnicos y comerciales para los pliegos. Allí se establece que el proceso busca que la provisión se resuelva por competencia, “con el objetivo de que la provisión se resuelva mediante competencia, con reglas claras y trazabilidad”. En otras palabras, el Estado pretende quedarse con el control normativo y de supervisión, sin operar el negocio.
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La licitación incluye una etapa de precalificación destinada a evaluar antecedentes y solvencia de los interesados. Esa instancia filtra empresas antes de que compitan por precio, un punto relevante en un servicio donde el riesgo logístico suele pesar tanto como el valor del gas. Luego, la adjudicación se definirá por un criterio directo: el menor adicional ofrecido.
El pliego se ordena alrededor de un parámetro internacional, porque el precio se evaluará por el “menor adicional en USD/MMBTU sobre el marcador TTF”. Ese adicional, según el esquema, debe cubrir costos logísticos y operativos vinculados a la importación, la descarga y la regasificación. La competencia, entonces, no se juega solo en el valor del commodity, sino en cuánto cobra el operador por hacer funcionar la cadena.
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El Gobierno también busca evitar una situación que en infraestructura crítica suele generar fricciones: varios actores intentando coordinar la misma terminal. Por eso, el esquema plantea un único operador que organice programación de buques, gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación. La resolución sostiene que esa administración unificada permite operar “con eficiencia y previsibilidad”, en un sistema donde cualquier descalce se traduce en costos y riesgo de abastecimiento.
En la letra fina, el adjudicatario deberá firmar un contrato de servicios y acceso con el titular o cesionario de la capacidad de la terminal. La asignación total de capacidad se prevé para el período invernal del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato durará un año desde la firma. Además, se habilita la posibilidad de acuerdos para optimizar capacidad fuera de ese tramo, cuando la demanda baja y la infraestructura queda ociosa.
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El cronograma de referencia apunta a cerrar el proceso en un plazo aproximado de 40 días desde la publicación, una ventana ajustada si se considera que incluye precalificación, presentación de ofertas y evaluación final. La resolución deja la convocatoria y la ejecución operativa en manos de ENARSA, conforme a instrucciones y bases que apruebe la autoridad de aplicación. Ese punto delimita responsabilidades: el diseño normativo queda arriba, la implementación corre por una empresa estatal.
En su mensaje final, el Gobierno insistió en que el modelo busca pasar a mecanismos competitivos y marcar un estándar de control. En el texto oficial se plantea que se “avanza en un esquema donde la importación y comercialización de GNL se instrumenta con mecanismos competitivos, fortaleciendo la transparencia y la previsibilidad de la operatoria en los meses de mayor demanda”. La licitación, en definitiva, no solo define un proveedor: define quién toma el volante de una logística crítica cuando el consumo sube.
Fuente: NA.
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