Procesaron al exjefe de Discapacidad por coimas y una trama de corrupción

Una agencia pensada para garantizar derechos quedó en el centro de una causa por corrupción de alto impacto. La Justicia federal procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por una trama que, según el expediente, convirtió al organismo en una vía para el enriquecimiento privado.

La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien dio por acreditada la existencia de una estructura delictiva que operó desde el interior del Estado. El fallo describe maniobras de fraude contra la administración pública, cobro de coimas y licitaciones direccionadas para favorecer a determinadas droguerías.

Para el magistrado, el rol de Spagnuolo resultó central. En la causa aparece señalado como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita, con capacidad de decisión sobre contrataciones clave. El esquema, según la investigación, funcionó de manera sostenida y no como hechos aislados.

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Entre los procesados también figuran Daniel Garbellini, exsubdirector del organismo, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al negocio de las droguerías. El juez y el fiscal Franco Picardi los ubicaron dentro del núcleo que impulsó precios inflados y contratos direccionados.

En uno de los pasajes más duros del fallo, Casanello sostuvo que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. La frase resume el corazón del reproche judicial.

El expediente también deja abierta la puerta a nuevas derivaciones. El juez advirtió que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, lo que sugiere que la investigación podría ampliarse a otros ámbitos del Estado.

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La causa se inició tras la difusión pública de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se mencionan presuntas comisiones ilegales. Esas grabaciones todavía no integran formalmente la prueba y serán sometidas a peritajes ordenados por la Cámara Federal, mientras la investigación continúa su curso.

Más allá del estado procesal, el fallo marca un punto de inflexión institucional. La ANDIS quedó expuesta como un organismo atravesado por intereses privados, en un área especialmente sensible por el impacto directo que tiene sobre personas con discapacidad y sus familias.

Con los procesamientos ya dictados, el caso avanza hacia una nueva etapa judicial. La definición de responsabilidades penales llegará más adelante, pero el pronunciamiento de Casanello ya dejó una señal clara sobre el uso del Estado como herramienta de negocios en un área que debía cumplir una función social.