La Justicia puso la lupa en redes y analiza si hay hostigamiento organizado contra Villarruel

La disputa política que atraviesa al oficialismo sumó ahora un capítulo judicial. La Justicia federal investiga si existe un ataque coordinado en redes sociales contra Victoria Villarruel, luego de que la vicepresidenta denunciara amenazas y hostigamiento sistemático por parte de cuentas vinculadas al entorno libertario.

El juez Sebastián Casanello ordenó que la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina analice los mensajes difundidos contra la titular del Senado y los perfiles señalados en la denuncia. El objetivo es determinar si hay patrones de interacción, coordinación o una estrategia común detrás de los ataques.

La investigación se apoya en una presentación realizada por Villarruel en agosto del año pasado, en la que advirtió sobre publicaciones dirigidas contra su persona, su entorno y la institución que preside. En ese escrito sostuvo que se trataba de hechos graves, incluso vinculados a amenazas contra el orden constitucional.

Entre los usuarios apuntados aparecen figuras públicas cercanas al Presidente, como Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, y la diputada Lilia Lemoine, quien suele expresarse como una de las voceras más activas del espacio libertario. Ambos habrían participado de publicaciones críticas y agresivas contra la vicepresidenta.

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La tensión volvió a escalar el viernes pasado, cuando Villarruel retuiteó un mensaje que advertía sobre la gravedad de naturalizar amenazas de muerte contra una vicepresidenta. En ese posteo arrobó a Alejandra Monteoliva, funcionaria del Ministerio de Seguridad, en un gesto que volvió a exponer la interna oficialista.

En un primer momento, la causa quedó en manos del fiscal Franco Picardi, quien clasificó los mensajes denunciados en tres grupos: posibles amenazas, calumnias o injurias —de acción privada— y expresiones que, si bien resultaban repudiables, no configuraban delito penal.

Picardi incluso señaló que, más allá de la tipificación penal, el caso podía encuadrarse como violencia por razones de género en un entorno digital, con impacto político y mediático. Esa interpretación incluía parte de los mensajes atribuidos a Márquez.

Villarruel rechazó ese encuadre limitado y pidió la revisión del dictamen. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, respaldó a Picardi y sostuvo que no existían elementos suficientes para impulsar la acción penal.

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Sin embargo, Casanello tomó una decisión distinta. Aceptó a Villarruel como querellante, reasumió la investigación y ordenó avanzar con un análisis integral de los hechos. En su resolución, sostuvo que fragmentar los mensajes desde el inicio podía “desdibujar su real dimensión y gravedad”.

El juez consideró que la dinámica propia de las redes sociales exige un abordaje conjunto y que la eficacia de la investigación depende de analizar el fenómeno como un todo. En ese marco, señaló que podría tratarse de un caso de violencia contra las mujeres en la vida política, dada la exposición pública y el cargo de la denunciante.

La orden judicial apunta ahora a establecer si existen interacciones sistemáticas entre los usuarios denunciados y si esas conductas responden a una acción coordinada. Probar una intención destituyente, admiten en tribunales, será el punto más complejo del expediente.

El trasfondo político no pasa inadvertido. La causa se da en plena confrontación entre la Casa Rosada y el Senado, luego de meses de cruces públicos y de descalificaciones, como cuando Milei calificó a Villarruel de “bruta traidora”en un acto partidario.

Con la intervención de la Justicia y la Policía Federal, el conflicto dejó de ser solo una interna expuesta en redes. Ahora, el foco está puesto en determinar si detrás del hostigamiento hay algo más que insultos sueltos: una estructura organizada que merece respuesta penal.