El cobre argentino tiene proyectos millonarios, pero sigue atado a rutas y reglas

Con reservas enormes y 18 proyectos, el cobre asoma como futuro motor exportador. Pero los plazos mineros, la infraestructura y la Ley de Glaciares todavía frenan la apuesta.

Argentina tiene reservas de cobre estimadas en 90 a 116 millones de toneladas y cuenta con 18 proyectos en desarrollo, con concentración en San Juan, Salta y Mendoza. En los papeles, el mineral aparece con potencial para ocupar un lugar central en la balanza exportadora. En la práctica, todavía no logra consolidarse dentro de la gran minería local.

El mapa de iniciativas incluye nombres que ya funcionan como referencia del sector: José María, Los Azules, El Pachón, Taca Taca y MARA. La lista ilustra volumen y diversidad, pero también deja una pregunta abierta sobre tiempos y condiciones. La escala de lo proyectado no se traduce automáticamente en minas operativas.

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El sector proyecta inversiones por encima de US$ 35.000 millones para los próximos años, con un despegue previsto entre 2026 y 2028. Ese horizonte alimenta expectativas en provincias y en el Gobierno, porque el cobre podría convertirse en el principal mineral de exportación. Sin embargo, la distancia entre proyecto y producción sigue siendo el cuello de botella.

Un caso que empuja el interés es Filo del Sol, en Vicuña (San Juan/Chile), señalado como uno de los hallazgos de cobre y oro más importantes de los últimos 30 años. Bajo el RIGI, prevé una inversión inicial de al menos US$ 2.000 millones, con la posibilidad de escalar hasta US$ 15.000 millones. El plan, impulsado por BHP y Lundin Mining, apunta a exportar cobre, oro y plata desde 2030.

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Mientras tanto, Argentina carga con un dato que explica parte del debate: no produce cobre a escala industrial desde el cierre de Bajo de la Alumbrera en Catamarca, en 2018. La experiencia dejó infraestructura y aprendizajes, pero no continuidad productiva en ese mineral. Por eso, el salto que se discute hoy parte desde una línea de base distinta a la de países líderes.

El punto es que la minería de cobre no responde a una lógica de resultados rápidos, y el cronograma suele volverse protagonista. Entre el descubrimiento y la puesta en marcha pueden pasar dos o tres décadas, con etapas largas de estudios geológicos, ingeniería, permisos ambientales, financiamiento y construcción. Esa secuencia exige estabilidad, porque cada tramo consume capital y tiempo.

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Los números internacionales funcionan como espejo de esa demora estructural. Un análisis de S&P Global indica que, en Estados Unidos, el camino desde el descubrimiento hasta la producción puede tomar casi 29 años, con casos que superan 35 años. En paralelo, la International Energy Agency señala que el desarrollo tradicional de proyectos de minerales críticos suele llevar en promedio alrededor de 17 años desde el descubrimiento hasta la producción.

En esa ecuación, el yacimiento por sí solo no alcanza para que se firme una inversión. Las empresas miran si el país ofrece redes ferroviarias, acceso a energía, disponibilidad hídrica, rutas, puertos y logística integrada. Cuando ese soporte falta, el proyecto se encarece antes de empezar, y el riesgo se vuelve más difícil de justificar.

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Ahí aparece una diferencia clave con mercados competidores, donde parte de esa infraestructura la facilita el Estado. En Argentina, esos costos suelen caer sobre el inversor y alteran cualquier comparación. “Si una empresa enfrenta un proyecto de US$ 2.000 millones en Argentina y otro de igual magnitud en Chile, pero en el segundo caso ya existen rutas, puertos y acceso a energía, mientras que en el primero todo debe ser construido por el inversor, la comparación se vuelve evidente”.

El componente regulatorio también pesa, y en el cobre se vuelve especialmente sensible por la geografía de varios proyectos. La Ley de Glaciares aparece como un condicionante relevante, ya que el marco argentino establece una presunción de incompatibilidad automática en zonas periglaciares. Esa regla restringe avances incluso antes de una evaluación ambiental específica, y suma incertidumbre sobre plazos y viabilidad final.

Fuente: NA.