La Provincia se presentará como querellante en la denuncia por coimas para “sabotear” el inicio de clases

Chubut12/02/2026

La Provincia pedirá ser querellante por el presunto intento de pagarle a un dirigente de ATE para montar conflicto y trabar el arranque del ciclo lectivo del 23 de febrero.

La denuncia por un supuesto ofrecimiento de dinero para “sabotear” el inicio de clases escaló a un plano judicial con impacto directo en la agenda educativa de Chubut. El ministro de Educación, José Luis Punta, confirmó que la Provincia se presentará como querellante en la causa. La investigación se activó luego de la exposición pública del dirigente de ATE José Severiche contra el ex funcionario Gonzalo Carpintero.

El eje del expediente gira alrededor de un presunto soborno a un integrante de ATE para impulsar acciones directas que impidieran el normal regreso de los alumnos a las aulas el 23 de febrero. Según lo relatado por Severiche, Carpintero lo habría citado a una reunión para ofrecerle dinero a cambio de construir un escenario de conflicto. El ministro vinculó esa hipótesis a un intento de golpear la organización del inicio del ciclo lectivo.

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En declaraciones radiales, Punta endureció el tono contra el supuesto impulsor de la maniobra y puso el foco en la respuesta del Estado provincial. “Es nefasta la actitud de esta persona, pero nosotros nunca vamos a dejar de hacerle frente a este tipo de situaciones y con nuestra principal bandera en Chubut, que es la educación”, señaló. En la misma línea, llamó a “defender a ultranza a la educación, por la que vamos a trabajar todo el tiempo, y esta gente no solo quiere detener las clases, sino todas las acciones del gobierno, poniendo en juego todo por lo que nos estamos esforzando”.

El ministro también advirtió que, a su criterio, el conflicto no puede leerse como un hecho aislado ni reducido a una figura. “Se la agarran con la educación, y en este momento, porque la educación es ordenadora de la sociedad, y eso atenta contra cada uno de nosotros”, afirmó. Y completó: “No podemos ser ingenuos y pensar que es una sola persona la que quiere atentar contra el inicio de clases. Con total sinceridad, creo que hay muchos intereses que tienen que ver con lo social y lo económico detrás de esto”.

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En ese marco, Punta sostuvo que la estrategia oficial será intervenir en la causa para acompañar el proceso judicial y defender el normal funcionamiento del sistema educativo. La decisión de presentarse como querellantes busca darle un rol activo a la Provincia dentro del expediente, con capacidad de impulsar medidas y seguimiento. El ministro remarcó que el objetivo es proteger el comienzo del calendario escolar ante eventuales maniobras de desestabilización.

Un tramo central del planteo del titular de Educación fue el reconocimiento público al dirigente sindical que hizo la denuncia. “La actitud de José Severiche, porque quienes estamos en el gobierno tenemos desencuentros con los dirigentes sindicales, pero esa postura lo ennoblece y hace que se defienda la educación, a la que tenemos que defender todos”, destacó. En esa valoración, Punta separó las diferencias habituales con el sindicalismo del hecho puntual que derivó en la investigación.

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La definición política, según el ministro, también cuenta con respaldo del Ejecutivo provincial. “El Gobernador está convencido de que la Provincia se presente como querellante en la causa, porque necesitamos defender a la educación de todos”, afirmó Punta. Con esa frase, dejó explícito que la intervención judicial se interpreta como una decisión institucional y no solo sectorial del área educativa.

El ministro planteó que el foco no se limita al regreso a clases, sino a la estabilidad de la gestión pública en general, aunque subrayó que el punto más sensible es el calendario escolar. En su lectura, la educación aparece como un objetivo preferencial porque ordena tiempos sociales y rutinas familiares, y por eso cualquier intento de frenar su funcionamiento tiene impacto inmediato. Esa mirada, dijo, obliga a responder con medidas concretas y no con diagnósticos livianos.

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Sobre el cierre, Punta fijó una línea de tolerancia cero ante este tipo de hechos y marcó el encuadre con el que el Gobierno provincial pretende sostener la discusión. “No vamos a permitir que ningún sector o persona atenten contra la organización, la provincia y menos aún, contra la educación”, concluyó. La causa ahora seguirá su curso judicial con la Provincia buscando ocupar un lugar formal dentro del proceso.