

Sindicatos provinciales firmaron un acta de adhesión al planteo judicial del Gobierno ante la ANSES por la deuda previsional acumulada.


El reclamo de Chubut ante el Estado Nacional por los fondos adeudados a la caja previsional provincial sumó este jueves un respaldo institucional amplio. Representantes de los principales gremios firmaron un acta de adhesión al planteo judicial que exige la devolución de más de $51 mil millones correspondientes a déficits y anticipos impagos. El acompañamiento sindical consolidó una postura común frente a la deuda que la Provincia atribuye a la ANSES.
La reunión se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Ignacio Torres. Participaron dirigentes de ATECH, COBIPOL, UPCN, SITRAED y APOC, junto a autoridades del Ejecutivo provincial y la Fiscalía de Estado. El encuentro selló un gesto de unidad en torno a la defensa del sistema previsional chubutense.
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Tras la firma del acta, el mandatario sostuvo: “Este reclamo es un acto de justicia, porque los recursos son de los chubutenses y, en definitiva, de todos nuestros jubilados”. La declaración sintetizó la posición oficial frente a una deuda que, según la Provincia, se origina en el incumplimiento del mecanismo de asistencia financiera previsto por ley. El Gobierno insiste en que los fondos tienen destino exclusivo en la caja previsional.
Chubut integra el grupo de provincias que mantienen cajas jubilatorias no transferidas a Nación. En esos casos, la normativa establece que la ANSES debe enviar anticipos mensuales para cubrir el déficit previsional. De acuerdo con la administración provincial, ese esquema no se ejecuta con regularidad y genera un desfasaje que hoy supera los $51.285 millones.
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El déficit mensual ronda los $8 mil millones, cifra que la Provincia cubre con recursos propios ante la falta de transferencias automáticas. Esa situación impacta en las finanzas generales y obliga a destinar partidas que podrían orientarse a otras áreas. El reclamo judicial apunta a revertir ese escenario y garantizar previsibilidad en el flujo de fondos.
La presentación impulsada por la Fiscalía de Estado solicita que se declare la obligación legal y presupuestaria del Estado Nacional de asistir financieramente a Chubut. También reclama la cancelación de los montos acumulados y el restablecimiento inmediato del sistema de anticipos automáticos. El planteo incluye actualización e intereses sobre las sumas adeudadas.
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Dentro del total reclamado, la Provincia calcula $32.365.053.000,10 por déficits correspondientes a ejercicios anteriores y $18.920.077.358,91 por anticipos mensuales devengados e impagos durante 2025. La cifra global asciende a $51.285.130.359,01, según consta en la demanda presentada ante la Justicia. El Ejecutivo sostiene que esos recursos pertenecen al sistema previsional provincial.
Durante el encuentro, Torres afirmó: “Estamos defendiendo los intereses de nuestros adultos mayores, que aportaron toda la vida para acceder a una jubilación digna”. El gobernador remarcó que el dinero reclamado no tendrá otro destino que el sostenimiento de la caja jubilatoria. Además, advirtió que la retención de fondos resulta ilegal en cualquier jurisdicción.
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El acta firmada por los gremios también solicita que la Justicia ordene garantizar la continuidad y automaticidad del régimen de asistencia financiera. La Provincia busca evitar decisiones unilaterales que alteren el esquema vigente para las cajas no transferidas. En ese marco, el respaldo sindical refuerza el posicionamiento político de Chubut en la disputa con Nación.
Con la adhesión de los sindicatos, el reclamo adquiere una dimensión institucional más amplia. La discusión trasciende el plano administrativo y se instala como un tema central para la estabilidad del sistema previsional provincial. El proceso judicial definirá ahora el alcance de las obligaciones que Nación mantiene con Chubut.
















