Detenciones y allanamientos tras un operativo interno para tapar rastros en Sur Finanzas

Un mensaje interno encendió la alarma judicial. “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, fue la instrucción que, según consta en la causa, circuló dentro de Sur Finanzas en los primeros días de diciembre. Para los investigadores, esa orden formó parte de un esquema organizado para eliminar evidencias en medio de la pesquisa por presunto lavado de activos.

A partir de esa línea de análisis, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona, avanzó con nuevas medidas que incluyeron 14 allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Los procedimientos abarcan oficinas, galpones y domicilios particulares vinculados a la operatoria bajo sospecha.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres deberán presentarse a declaración indagatoria. Entre las firmas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón, además de la propia financiera investigada. El objetivo central de las diligencias es secuestrar documentación contable y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el circuito financiero.

La hipótesis judicial sostiene que dentro de la empresa existía una estructura jerárquica destinada específicamente a obstaculizar la investigación. El expediente señala el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras y la desconexión de sistemas internos como parte de un protocolo de emergencia.

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En ese entramado aparece el nombre de Ariel Vallejo, empresario señalado como responsable de la firma y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los dispositivos electrónicos de Vallejo ya fueron desbloqueados y están bajo análisis de la Policía Federal, en coordinación con la DAJUDECO y la PROCELAC.

La investigación no se limita al intento de borrar pruebas. En allanamientos previos realizados en la sede de la AFA y en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, los peritos detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis, parte de esas operaciones habría involucrado monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.

El origen formal de la causa se remonta a noviembre, cuando la Dirección General Impositiva denunció maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Dentro de ese esquema, los investigadores analizan préstamos otorgados a clubes con dificultades financieras, entre ellos San Lorenzo, que podrían haber sido utilizados para blanquear dinero. También figura en la pesquisa la constructora TAR, vinculada al ámbito del fútbol.

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Las tareas periciales continúan sobre los teléfonos celulares secuestrados para determinar si contienen información que confirme el circuito de lavado y la eventual responsabilidad de los principales involucrados. En paralelo, la Justicia busca establecer el recorrido de los fondos y su destino final.

Con detenidos, indagatorias en puerta y una estructura interna señalada como pieza clave en el encubrimiento, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas privadas, clubes de fútbol y presuntas maniobras millonarias que ahora están bajo escrutinio judicial.