Londres habilita embargos y obliga a la Argentina a exponer bienes en el exterior
Actualidad17/02/2026
REDACCIÓNUn tribunal británico ordenó revelar contratos y cuentas fuera del país para avanzar en el cobro de 1.330 millones de euros por los cupones PBI
La disputa judicial por los cupones atados al PBI entró en una fase más sensible para la Argentina. La Justicia británica ordenó al Estado entregar información detallada sobre activos en el exterior con el objetivo de facilitar la ejecución de un fallo millonario que ya quedó firme.
La medida se inscribe en el procedimiento conocido como discovery, una herramienta judicial que permite a los acreedores identificar bienes pasibles de embargo. En este caso, el Tribunal Superior de Londres busca determinar qué activos argentinos podrían utilizarse para cumplir con la sentencia.
El litigio fue impulsado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron la modificación del cálculo del Producto Bruto Interno realizada en 2013. Aquella decisión redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010, lo que derivó en la demanda internacional.
En 2023, la Corte londinense condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos 1.300 millones de euros más intereses, cifra que ronda los USD 1.500 millones. El país intentó apelar y para ello depositó una garantía por 313 millones de euros, que finalmente fue ejecutada por los demandantes tras el rechazo del recurso.
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Según la Procuración del Tesoro, aún restan cerca de 1.000 millones de euros pendientes de pago. Este expediente figura entre los litigios más relevantes en monto que enfrenta la Argentina en el exterior.
La nueva orden judicial exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias fuera del país. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló en redes que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems”, dentro del proceso de localización de activos.
El conflicto tiene su origen en el cupón atado al PBI creado durante el canje de deuda de 2005. Ese instrumento establecía pagos adicionales si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. En 2011 se suspendieron los pagos y, dos años más tarde, la modificación metodológica del Indec dejó el crecimiento informado por debajo del umbral necesario para activar el cupón.
Con la base previa, el PBI había mostrado un avance del 4,9%. Con la nueva metodología, el crecimiento quedó por debajo del 3,22% exigido para disparar el pago, lo que evitó en ese momento un desembolso superior a los USD 3.600 millones. La Corte británica entendió que esa decisión perjudicó a los inversores.
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En paralelo, un informe técnico del FMI mencionó la existencia de conversaciones entre el país y los acreedores, aunque los fondos lo negaron públicamente. En una carta difundida por PR Newswire afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, y pidieron actualizar el reporte.
Los demandantes sostienen además que la Argentina “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que no abona los intereses diarios acumulados. La controversia agrega presión sobre la estrategia financiera del país, especialmente en un contexto donde busca recuperar acceso pleno a los mercados internacionales.
La orden de revelar activos no implica un embargo inmediato, pero sí abre una etapa de mayor exposición. A partir de ahora, la discusión se centrará en qué bienes pueden considerarse alcanzados por la sentencia y cómo impactará este proceso en la posición externa de la Argentina.
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