El RIGI se estira hasta 2027 y suma petróleo y gas con pisos de inversión millonarios
Actualidad19/02/2026
REDACCIÓNEl Gobierno extendió un año el plazo para adherir al régimen y ajustó reglas para bajar ambigüedades. También incorporó nuevos desarrollos hidrocarburíferos con montos mínimos.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones volvió al centro de la agenda económica con una decisión que cambia el calendario de las empresas. El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI y corrió el vencimiento hasta el 8 de julio de 2027. La extensión quedó formalizada a través del Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La medida llegó después de un anticipo político que el ministro Luis Caputo difundió en su cuenta de X al cierre del miércoles. Allí sostuvo: “prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”. En la lectura oficial, la decisión busca ordenar el régimen y ampliar su alcance sin cambiar el espíritu de atraer capital de gran escala.
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Además de estirar plazos, el decreto incorporó actividades nuevas dentro del sector de petróleo y gas. Caputo lo resumió con una frase que fijó el umbral: “incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”. Ese piso aplica a determinados proyectos de hidrocarburos, y marca la vara con la que se intentará seleccionar iniciativas de volumen.
El Gobierno explicó la prórroga con un argumento ligado a los tiempos de maduración que demandan estas inversiones. En el texto se indica que la extensión apunta a “acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos”. La apuesta consiste en dar margen para que esos proyectos terminen de cerrarse y entren al régimen con la documentación completa.
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El decreto también precisó qué tipos de desarrollos hidrocarburíferos quedan incorporados en el esquema. En el caso de la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro, se fijó un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables. Ese requisito funciona como una puerta de entrada para que los proyectos accedan a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Para la actividad costa afuera, la norma ajustó el umbral mínimo en el subsector exploratorio y productivo. En ese caso, el piso se alineó en US$200 millones, y el decreto lo justificó por las características propias de esa etapa. La referencia oficial lo expresa así: “en atención al perfil de riesgo, intensidad de capital y horizonte temporal propios de la exploración costa afuera, en términos consistentes con los criterios previstos para otros sectores estratégicos comprendidos en el RIGI”.
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El paquete no se limitó a sumar actividades y plazos, también introdujo cambios operativos para que la implementación resulte más lineal. La normativa actualiza definiciones y busca precisar qué proyectos califican dentro del régimen. El objetivo declarado apunta a “evitando interpretaciones ambiguas y asegurando que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas”, una línea que intenta reducir zonas grises en el encuadre de cada presentación.
En el mismo movimiento, el decreto redefine el concepto de “nuevo producto” para contemplar particularidades del sector tecnológico. La explicación oficial sostiene que allí la vida útil suele resultar breve y que los cambios no siempre aparecen como un aumento de volumen. Con ese ajuste, el régimen intenta absorber dinámicas distintas a las de la industria pesada tradicional sin forzar definiciones que dejen proyectos afuera.
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Otro punto que el Gobierno subrayó se relaciona con las empresas que ya operan en Argentina y buscan sumar ampliaciones relevantes. La norma establece reglas para que esas ampliaciones se encuadren como nuevas inversiones y no como continuidad de operaciones existentes. En la argumentación oficial se plantea “garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes, y reforzando mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial”.
La cartera económica también señaló cambios vinculados a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos adheridos. Según el texto, la norma “mejora la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, clarificando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, fortaleciendo la trazabilidad y el control”. En paralelo, agrega que “ordena procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para dar mayor previsibilidad y reducir discrecionalidad”, con la intención de acotar la incertidumbre en la tramitación.
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En el balance político del régimen, Caputo enumeró resultados y volumen de iniciativas ya presentadas. Afirmó: “ya hay 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y muchos más en evaluación”, y remarcó que “el RIGI ha sido fundamental”. En esa misma línea, completó con una idea que el oficialismo repite como marco de su programa: “cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”.
Los beneficios del RIGI incluyen un recorte de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, posibilidad de deducir IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación de mecanismos de arbitraje internacional para controversias. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca que ese paquete se sostenga por más tiempo, con reglas más precisas y con el sector hidrocarburífero incorporado mediante umbrales definidos. La discusión que se abre ahora pasa por cuántos proyectos terminan de estructurarse antes del 8 de julio de 2027 y qué impacto real tiene la simplificación prometida en el recorrido administrativo.
Fuente: NA.
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