CTERA anunció una huelga nacional para el 2 de marzo y los gremios de la CGT advirtieron que podrían sumarse si no hay paritarias.
El inicio del ciclo lectivo 2026 volvió a quedar en el centro del conflicto. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió un paro nacional docente para el 2 de marzo y encendió la alarma en distintas provincias que ya preparaban el regreso a las aulas. La medida forma parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.
La decisión se tomó en un congreso extraordinario de la entidad que conduce Sonia Alesso. Desde el gremio reclamaron la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y un aumento salarial que supere la inflación. Además, exigieron una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En paralelo, los sindicatos educativos que integran la CGT endurecieron el tono. La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”. El planteo suma presión en la antesala del comienzo formal del calendario escolar.
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Durante el encuentro de CTERA también se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”. La organización reclamó condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos y conectividad para el dictado de clases, además de la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
El debate incluyó un fuerte cuestionamiento al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde el sindicato anunciaron que desarrollarán acciones durante todo marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, UDA y CEA pusieron el foco en la situación presupuestaria. En un comunicado conjunto señalaron que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial”. Según remarcaron, el salario mínimo docente “actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
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Los gremios también cuestionaron la derogación de normativas que garantizaban inversión en el sistema educativo y en la educación técnico profesional. Advirtieron que esa decisión “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
En ese contexto, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”. La referencia apunta al artículo 10 de la Ley 26.075, que establece la negociación nacional para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo.
La tensión crece a pocos días del inicio formal de clases en varias jurisdicciones. Si no hay una convocatoria oficial en las próximas jornadas, el conflicto podría escalar y replicarse en distintas provincias, con impacto directo en millones de estudiantes.
El calendario escolar 2026, que debía comenzar con normalidad tras un verano de definiciones políticas y económicas, enfrenta así un nuevo capítulo de disputa entre el Gobierno y los sindicatos docentes. Las próximas horas serán clave para saber si el diálogo logra desactivar la medida o si el ciclo lectivo arranca con paro.
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