En Venezuela ya liberaron a 379 presos, pero la amnistía deja dudas sobre quiénes quedan afuera

Las excarcelaciones se ordenaron horas después de la ley que el gobierno interino presentó como un giro institucional. Foro Penal estimó casi 650 presos políticos antes del anuncio.

Durante semanas, el reclamo se sostuvo en la calle y también en gestos extremos, con familiares que salieron a manifestarse y hasta impulsaron huelgas de hambre para exigir liberaciones. Esa presión se movió en paralelo a la discusión política y terminó empujando una definición institucional. En Venezuela, la escena cambió de velocidad en cuestión de horas.

La Justicia venezolana dispuso la libertad de 379 presos políticos en la noche del viernes, apenas un día después de la aprobación de una ley de amnistía que el oficialismo definió como histórica. La norma se presentó como una herramienta para “reconfigurar el escenario institucional” luego de la captura de Nicolás Maduro. El anuncio instaló una expectativa inmediata: no se trataba de una promesa, sino de excarcelaciones con cronograma.

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Quien comunicó el paso fue el parlamentario Jorge Arreaza, señalado como encargado de verificar el proceso impulsado por el gobierno interino. Arreaza precisó tiempos y buscó transmitir urgencia operativa. “Deben ser excarceladas entre la noche de hoy y la mañana de mañana”, afirmó, en una frase que funcionó como orden de ejecución más que como consigna política.

Detrás de esa decisión asoma una secuencia previa de medidas que ya había movido el número total de detenidos. Datos de la ONG Foro Penal indicaron que, antes de esta resolución, quedaban encarcelados casi 650 presos políticos. Ese registro se mantenía aun cuando la gestión interina ya otorgó libertad condicional a otros 448 opositores, en un contexto de transición que se aceleró desde principios de enero.

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El texto oficial sitúa ese antecedente en el momento en que Maduro cayó en una incursión estadounidense a comienzos de enero. Con ese telón de fondo, la amnistía aparece como un intento de ordenar un escenario institucional en tensión, con actores judiciales, políticos y militares en el centro de la escena. La magnitud del número anunciado, de todos modos, no clausura el interrogante sobre el universo total de beneficiarios.

Desde el gobierno interino, la defensa pública de la ley buscó instalar una idea de recomposición democrática, con un lenguaje cargado de intención política. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó la norma como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. En ese encuadre, la amnistía se planteó como un gesto de apertura y como señal de control institucional.

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Rodríguez volvió sobre esa línea al valorar el acto de promulgación en términos de legitimidad moral. “Un acto de grandeza”, lo definió, al referirse a la decisión. Y remarcó el sentido de transición con otra frase que buscó fijar un clima político, sin entrar en detalles operativos: “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”.

Sin embargo, aun con excarcelaciones en marcha, el alcance real de la ley quedó bajo discusión en el propio texto fuente, a partir de dudas que expresan “diversos expertos”. La advertencia se centra en un posible límite: cientos de detenidos podrían quedar excluidos del beneficio. En particular, el foco se posa sobre militares vinculados a actividades calificadas como terroristas, un segmento que aparece como frontera dura de la amnistía.

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En ese punto, el Gobierno incorporó una voz con peso específico para sostener la iniciativa y darle cobertura política dentro de un ámbito sensible. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respaldó la ley mediante un comunicado oficial y defendió su lectura como gesto político de estabilización. “Debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, sostuvo, con una frase que busca blindar la medida ante críticas internas.

La medida, entonces, combina dos movimientos que no siempre conviven sin fricción: por un lado, la liberación inmediata de cientos de detenidos y, por otro, la discusión sobre quiénes quedan afuera. En el centro se ubican el Poder Judicial, el gobierno interino y la Fuerza Armada, con una norma que reordena el tablero a partir de decisiones concretas y exclusiones que todavía generan preguntas. Con los plazos marcados para las excarcelaciones, el dato ya dejó de ser abstracto y pasó a ser una prueba de ejecución.