La Legislatura ya analiza un proyecto que podría dejar sin permiso a empresas y empresarios con condenas o deudas firmes. El Gobierno busca imponer reglas más duras en una actividad estratégica.
El negocio pesquero en Chubut podría enfrentar un cambio profundo si prospera el proyecto que el Gobierno ingresó a la Legislatura. La iniciativa apunta a cerrar el paso a quienes acumulen antecedentes judiciales o incumplimientos fiscales y propone un sistema más rígido para sostener permisos de pesca. En un sector que mueve millones y define economías regionales, la discusión promete impacto directo.
El texto, identificado como Proyecto de Ley N° 00526, modifica la Ley IX N° 157 y propone una serie de restricciones que endurecen las condiciones para acceder y mantener habilitaciones. Entre los puntos centrales aparece la caducidad automática de permisos ante sentencia de quiebra, una medida que introduce consecuencias inmediatas para empresas en crisis financiera.
La iniciativa también pone la lupa sobre la operatoria de los buques. Plantea una regulación estricta de la inactividad, que deberá justificarse ante la autoridad de aplicación. En adelante, dejar un barco sin operar no será un dato administrativo menor, sino una situación que requerirá explicación formal y respaldo documental.
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Otro de los ejes se vincula con las obligaciones económicas. El proyecto incorpora nuevas causales de suspensión por deudas, multas firmes o falta de libre deuda de ARECH, lo que amplía el abanico de motivos por los cuales un permiso podría quedar en pausa. Además, establece la caducidad por defraudación fiscal deliberada con resolución firme, un punto que introduce un criterio directo frente a conductas tributarias irregulares.
La propuesta lleva el nombre de “Ficha Limpia Pesquera” y fija un filtro concreto sobre los antecedentes penales. Según el texto, “No podrán acceder ni mantener permisos quienes: Tengan condena firme por delito doloso”. La restricción no se limita a nuevos solicitantes, sino que alcanza también a quienes ya operan en la actividad.
El alcance va más allá de las personas físicas. La norma proyectada indica que tampoco podrán sostener permisos quienes “hayan cometido defraudación fiscal deliberada”, y en el caso de empresas el control se extiende a su estructura interna. La verificación incluirá a directores, representantes y socios con más del 20% de participación, ampliando la responsabilidad dentro de las firmas.
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Como herramienta de control, el proyecto crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera. Allí constarán “Permisos vigentes”, “Suspensiones y caducidades”, “Rechazos” y “Sanciones y multas”, lo que configura un sistema público de antecedentes administrativos vinculados a la actividad. La base permitirá centralizar información que hasta ahora se dispersa en distintos ámbitos.
La combinación de quiebras, condenas penales y deudas como criterios excluyentes marca un giro en la forma de evaluar la continuidad de los permisos. El mensaje político es claro: la habilitación para operar no dependerá solo de la capacidad productiva, sino también de la situación judicial y fiscal de quienes integran el negocio.
Ahora el debate queda en manos de la Legislatura. El sector pesquero, que históricamente concentra tensiones económicas y laborales en la provincia, observa con atención una iniciativa que puede redefinir quiénes quedan dentro y quiénes afuera del mapa productivo.
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