El acceso al puerto de Rawson se convirtió en una cuestión estratégica para la actividad pesquera y ahora también en una discusión económica directa para las empresas. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que crea la Tasa de Dragado del Canal de Acceso, un mecanismo específico para financiar y mantener la obra. La iniciativa fija reglas precisas sobre quién paga, cuánto paga y qué ocurre si no cumple.
El esquema apunta de lleno a los titulares de permisos de pesca. El costo total de la obra se dividirá entre las empresas según la cantidad de cajones autorizados para cada buque, de modo que cada embarcación aporte en proporción a su escala operativa. La fórmula busca evitar montos uniformes y atar el pago al volumen habilitado para cada actor.
El proyecto define la tasa como “objetiva, transparente y proporcional” y establece un límite automático: el total a recaudar no podrá superar el costo total de ejecución. Ese monto global se distribuirá entre todas las empresas alcanzadas, garantizando que el financiamiento no exceda lo necesario para la obra y su mantenimiento.
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Además, se creará una cuenta especial con afectación específica. El dinero recaudado no podrá destinarse a otros fines y el Gobierno publicará periódicamente los ingresos y egresos vinculados al dragado. La intención oficial es que el circuito financiero quede claramente identificado y bajo seguimiento.
Uno de los puntos más sensibles del texto apunta a los trabajadores embarcados. La iniciativa prohíbe expresamente que la tasa se descuente, directa o indirectamente, del salario de los tripulantes, incluso cuando se trate de contrataciones. El proyecto lo fundamenta al señalar: “De esta manera se preserva la intangibilidad de las remuneraciones y se evita que el costo de la infraestructura pública sea soportado por los trabajadores”.
El argumento central del Ejecutivo coloca la carga en quienes utilizan el canal. Según se expresa en los fundamentos, “razones de equidad y responsabilidad fiscal justifican que el financiamiento de la obra sea afrontado por quienes resultan sus beneficiarios directos”. En la misma línea, sostiene que “en el actual contexto económico no resulta razonable que el erario público asuma en forma exclusiva el costo de una obra que impacta directamente en la actividad de un sector determinado”.
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El incumplimiento no quedará en una simple intimación administrativa. La falta de pago será considerada deuda ante la Dirección General de Puertos de Explotación Directa e impedirá la renovación anual del permiso de pesca. Además, la Secretaría de Pesca podrá suspender las autorizaciones de despacho a los permisionarios que mantengan deuda, lo que en la práctica puede frenar la operatoria.
El trasfondo de la discusión es operativo. Desde 2004 crece la cantidad de embarcaciones y el volumen de capturas en Rawson, con registros históricos de langostino, anchoita y merluza. Ese aumento, acompañado por mejoras tecnológicas y mayor tamaño de los buques, generó un movimiento portuario intenso y “severos cuellos de botella” en momentos de descarga.
El bajo calado en la desembocadura del río Chubut agrava la situación. El proyecto advierte que “Los buques dependen del régimen de mareas para operar, lo que concentra maniobras en lapsos reducidos y genera demoras, ineficiencias operativas y mayores costos para el sector”. La sedimentación redujo progresivamente la profundidad y el último dragado integral data de 2003, mientras que el iniciado en 2023 quedó interrumpido.
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Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostiene que contar con un canal dragado optimizará la operatoria, reducirá tiempos muertos y mejorará la coordinación con las plantas procesadoras. En los fundamentos se remarca que “El dragado contribuirá a ordenar la operatoria de estiba, evitando la congestión derivada del ingreso simultáneo de múltiples embarcaciones en ventanas acotadas por la marea” y que “es imprescindible garantizar la ejecución, mantenimiento y eventual redragado”.
Ahora la discusión pasa al ámbito legislativo. Si se aprueba, la tasa se convertirá en condición directa para sostener permisos en Rawson y cambiará la forma en que se financia una obra considerada vital para la actividad pesquera provincial.
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