Denuncian a la Municipalidad por el derrumbe en Sismográfica y apuntan a intendentes
Chubut24/02/2026
REDACCIÓNLa presentación judicial alcanza al intendente Othar Macharashvili, al ex jefe comunal Juan Pablo Luque y a otros funcionarios por presuntas omisiones ante advertencias técnicas previas.
El conflicto por el derrumbe del cerro Hermitte sumó un capítulo judicial que pone bajo la lupa a la conducción política de Comodoro Rivadavia. Un vecino del barrio Sismográfica presentó una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y la acción ya ingresó en la Justicia.
La presentación, impulsada por el abogado Fernando Sicilia, apunta contra el actual intendente Othar Macharashvili, el ex jefe comunal y actual diputado nacional Juan Pablo Luque, y se extiende a otros intendentes y funcionarios que hayan tenido responsabilidad en distintos períodos de gestión municipal.
El eje de la denuncia sostiene que existieron advertencias técnicas previas sobre la inestabilidad del terreno y que, aun así, no se adoptaron medidas eficaces para prevenir riesgos. Según explicó Sicilia, “la Municipalidad lo único que hizo fue hablar, pero acciones concretas no hubo ninguna”, en referencia a la respuesta posterior al derrumbe.
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El letrado también señaló que todavía hay familias que no pueden ingresar a sus viviendas para retirar pertenencias. Esa situación, remarcó, agrava el impacto social del episodio y forma parte del contexto que motivó la presentación penal.
Entre los antecedentes citados figura un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) del año 2002. En ese documento, se advertía sobre los riesgos de urbanizar el sector debido a la presencia de materiales removidos naturalmente y cavidades subterráneas.
Para la parte denunciante, esas advertencias técnicas eran claras y suficientes para impedir nuevas construcciones o establecer restricciones estrictas. “Desde hace más de veinte años existían advertencias técnicas claras sobre la peligrosidad del lugar”, afirmó Sicilia.
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La denuncia sostiene que, pese a ese conocimiento previo, las autoridades habrían permitido e incluso fomentado el asentamiento de viviendas en la zona. A criterio del abogado, se omitieron controles y medidas de prevención que podrían haber reducido el riesgo para los vecinos.
En el plano legal, la presentación invoca los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estrago culposo, todos en concurso real. La calificación podría modificarse a medida que avance la investigación.
El expediente ahora deberá ser analizado por la Justicia para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura formal de una causa y la eventual citación de los funcionarios señalados. Mientras tanto, los vecinos continúan a la espera de soluciones habitacionales y respuestas institucionales ante una crisis que dejó viviendas afectadas y una fuerte conmoción en el barrio.
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