El Plan Nacional subió fuerte su peso en el presupuesto educativo, pero el informe de Argentinos por la Educación marca demoras en materiales y un uso limitado de evaluaciones para ajustar la enseñanza.
La alfabetización suma recursos y estructura, pero el problema se repite en el aula cuando faltan dos cosas básicas: libros en fecha y datos útiles para tomar decisiones. A dos años del Plan Nacional de Alfabetización, un informe de Argentinos por la Educación describe avances en coordinación federal y financiamiento, aunque advierte que la implementación todavía muestra ritmos desparejos. El diagnóstico se apoya en la entrega de materiales, la formación docente y el uso real de evaluaciones para mejorar la enseñanza.
El salto presupuestario aparece como uno de los datos más contundentes del relevamiento. La inversión nacional destinada a alfabetización pasó del 2,4% al 6,4% del presupuesto educativo entre 2024 y 2025, con cifras expresadas como gasto constante de 2025. El documento agrega que el gasto nacional destinado a alfabetización creció de 144.510 millones a 364.840 millones, un incremento del 152% en términos reales, con mayor peso en transferencias a provincias para ampliar la jornada escolar.
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En paralelo, el informe pone la lupa en un punto sensible para las escuelas: la logística de los materiales. En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros, pero el texto remarca que la entrega llegó tarde. También precisa que esa distribución empezó a hacerse efectiva a partir del segundo trimestre de 2025, luego de compras realizadas en 2024 que no se tradujeron en entrega a las escuelas, un desfasaje que impacta en la planificación anual.
Esa demora no quedó como un problema aislado del Estado nacional, porque varias provincias intentaron cubrir el hueco con recursos propios. El relevamiento indica que 12 provincias complementaron la provisión de libros y materiales. Al mismo tiempo, describe un mapa heterogéneo: 12 jurisdicciones completaron la entrega de libros, 5 siguieron en proceso y 7 no la iniciaron o no la incluyeron en sus planes, un dato que explica por qué la política se percibe de manera tan distinta según el territorio.
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El informe también mide la distancia entre evaluar y usar esa información en el día a día escolar. En 2024 se implementaron pruebas nacionales de alfabetización en 3.er grado, y 11 jurisdicciones aplicaron evaluaciones propias ese mismo año, pero el uso posterior aparece limitado. El texto precisa que solo 4 jurisdicciones completaron la devolución sistemática de resultados a las escuelas, y que apenas 5 informaron decisiones pedagógicas a partir de esos datos, un número que contrasta con la magnitud del problema.
En la evaluación nacional, el documento vuelve sobre un dato que se repite como síntoma. La prueba Aprender Alfabetización 2024 alcanzó a 91.042 estudiantes de tercer grado y mostró que menos de la mitad (45%) llegó al nivel esperado. También describió disparidades provinciales, con mejores resultados relativos en Formosa (64%), Córdoba (59%) y CABA (55%), mientras que en Chaco, Neuquén y Misiones se registró mayor proporción de desempeños bajos.
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La discusión, según el informe, no se agota en medir, porque el propio diseño muestral restringe el impacto pedagógico de la evaluación. Valeria Abusamra, doctora en Lingüística e investigadora de CIIPME–Conicet, plantea que “el carácter muestral de la evaluación limita la devolución de resultados a las escuelas y reduce su potencial como herramienta de mejora pedagógica”. En esa misma línea agrega que, si el objetivo es que los estudiantes “puedan leer, comprender y producir textos acorde a su nivel”, la evaluación necesita funcionar como insumo formativo para decisiones oportunas, especialmente en contextos con mayores rezagos.
Sobre la cultura de la evaluación, Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes, apunta con números concretos al cuello de botella. “Los datos muestran un déficit estructural en la cultura de la evaluación: solo 11 de 24 jurisdicciones aplicaron evaluaciones propias, apenas 4 devolvieron resultados a sus escuelas y solo 5 tomaron decisiones basadas en esos datos”, sostiene. En el mismo pasaje, Díaz suma dos señales a la vez: “Resulta auspicioso el incremento presupuestario del 152% en términos reales y la entrega efectiva de 19,6 millones de libros. No obstante, la demora en la distribución y la ausencia de ejecución presupuestaria en 2025 para los ejemplares de 2026 amenazan con repetir el desfasaje”.
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El informe también incorpora miradas desde organizaciones y escuelas sobre el sentido político de la alfabetización y sus condiciones materiales. Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina, afirma: “Que hoy veamos una coordinación federal en torno a la alfabetización como prioridad es un punto de inflexión para el sistema educativo argentino”, aunque advierte que “sin recursos adecuados y a tiempo, y sin sistemas robustos de evaluación que brinden información oportuna (…) no lograremos revertir la crisis de alfabetización”. Desde el aula, Marina Bertone, docente de nivel primario, suma otra dimensión: “Alfabetizar hoy es un acto integral que nos convoca a todos, donde los resultados reales se construyen en comunidad”, y remarca que la continuidad de políticas necesita también apoyo familiar y presencia sostenida junto a los docentes.
El cierre del documento vuelve a la urgencia de que la política llegue a tiempo, y no a destiempo, porque el calendario escolar no espera. Irene Kit, pedagoga y presidenta de Educación para Todos, sostiene: “El informe muestra que posiblemente en 2026 los libros provistos por la Secretaría de Educación también lleguen avanzado el año escolar. Eso es un problema serio”. En ese punto, la discusión se corre de los anuncios y vuelve al terreno donde se define el resultado: materiales disponibles cuando empieza el año, información propia para cada escuela y decisiones pedagógicas que no queden atadas a diagnósticos agregados.
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