El Gobierno de Kicillof propone trasladar la AFA a provincia para blindarla ante exigencias externas
Actualidad26/02/2026
REDACCIÓNLa decisión de mudar el domicilio de la AFA encendió una disputa que ya no se limita al fútbol y pasó a involucrar de lleno a la política y a los organismos de control.
Una resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense habilitó el traslado registral de la entidad a territorio de la provincia de Buenos Aires, en un contexto atravesado por observaciones de la IGJ y pedidos judiciales para designar veedores. El movimiento, impulsado en redes por el abogado Gregorio Dalbón, dejó expuesta una pregunta incómoda: quién fiscaliza, bajo qué jurisdicción y con qué alcance.
La medida apareció pocas horas después de que la Inspección General de Justicia notificara a las autoridades en la sede porteña de la calle Viamonte al 1300, un dato que le dio volumen político a la secuencia. El texto sostiene que la IGJ “parece confundir los conceptos de domicilio y sede social” y, en esa misma línea, la Provincia afirmó que el organismo nacional “carece de toda legitimidad y jurisdicción” desde una decisión tomada el 15 de noviembre de 2024. En el fondo, el cambio de domicilio deja en manos del gobierno bonaerense el control exclusivo de la entidad.
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Quien firmó la resolución fue la directora provincial Silvia Andrea García, funcionaria dentro de un área que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, conducido por Juan Martín Mena. En el relato político que rodea la medida, aparece además la influencia de Ricardo Nissen, reconocido por su paso por la IGJ en gobiernos kirchneristas. La resolución, así, se encuadra como una acción administrativa pero con fuerte lectura de poder.
El caso suma otro ingrediente porque Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, integra el esquema provincial: el texto lo menciona como funcionario designado por el gobernador Axel Kicillof al frente del CEAMSE. Esa superposición de roles es parte del nudo que vuelve más delicada la discusión sobre fiscalización, balances y controles. En ese contexto, la mudanza registral aparece señalada como un “escudo político” para desplazar la intervención nacional.
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La resolución habilita la inscripción de un nuevo domicilio en Pilar, descripto en la fuente como un baldío, y se presenta como un intento por convertir ese movimiento en un hecho consumado. Dalbón agitó la noticia como un rechazo a la IGJ y como una forma de blindar a la AFA ante exigencias externas, incluida la eventual designación de veedores. En redes, el abogado celebró la medida y escribió "el fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió", antes de rematar con otra frase provocadora: "Chau veedores".
En el plano formal, el texto bonaerense señala que “mal se podría sostener que dicho organismo conserva facultades para la aprobación e inscripción de la reforma del estatuto por cambio de domicilio a Jurisdicción Provincial”. El argumento se apoya en la idea de que el domicilio define la jurisdicción territorial competente y, por lo tanto, la autoridad que fiscaliza. Esa lectura deja flotando una consecuencia mayor: si el criterio se generaliza, cualquier asociación podría elegir distrito para eludir o limitar controles.
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La IGJ, según la fuente, ya había rechazado la mudanza, lo que abre un choque directo entre la decisión provincial y el criterio del organismo nacional. Aun con ese rechazo previo, la resolución bonaerense avanzó y cuestionó la intervención de la Inspección General de Justicia sobre la entidad. En esa tensión, el dato central deja de ser la sede física y pasa a ser el alcance real de la fiscalización.
El movimiento aparece también asociado a un calendario judicial sensible. La nota menciona que la resolución se da en la víspera de un llamado a indagatoria que involucra a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunta evasión fiscal. En ese marco, la mudanza se interpreta como una forma de “ralentizar” reclamos, mientras se discuten irregularidades y balances pendientes.
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En la misma sintonía con el texto provincial, la AFA difundió un comunicado para instalar la idea de que la IGJ perdió el control de policía sobre la entidad que funciona en Viamonte. El lenguaje, según la fuente, repite de manera casi idéntica el argumento oficial de la Provincia, reforzando la estrategia política y comunicacional. Con la resolución firmada y la discusión abierta, el conflicto por la jurisdicción se convirtió en una pieza central de la pelea por quién controla a la AFA y qué margen real queda para la intervención nacional.
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