El Departamento de Justicia pidió en Nueva York que no se apliquen sanciones por desacato y respaldó la postura oficial en plena disputa judicial por la petrolera.
En un movimiento que impacta de lleno en la causa por YPF, el gobierno de Estados Unidos intervino ante la Justicia de Nueva York para respaldar a la Argentina. A través de un documento formal, el Departamento de Justicia solicitó que no se declare al país en desacato ni se le impongan sanciones económicas en el marco del litigio.
La presentación, de 29 páginas, fue entregada ante el tribunal que encabeza la jueza Loretta Preska, donde se tramita el expediente. Allí, el gobierno estadounidense advirtió sobre las consecuencias que pueden derivarse de este tipo de procesos contra Estados soberanos.
En el escrito se sostiene que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”. El argumento pone el foco en el impacto diplomático y en la reciprocidad judicial entre países.
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El documento también subraya los pasos que dio la Argentina en el proceso de entrega de información. Según la presentación, se valoran “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
En ese mismo sentido, el Departamento de Justicia fue explícito respecto del pedido de los demandantes. Señaló que “la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, Washington acompañó la estrategia argentina en este expediente. En la Procuración del Tesoro destacaron que el respaldo internacional refuerza la solidez técnica de la defensa y remarcaron que la posición oficial se apoya en principios de derecho internacional y en la inmunidad soberana.
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El organismo recordó que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas”. Y agregó: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
En paralelo, la Argentina pidió suspender el discovery ante la jueza Preska. Tras la negativa, inició el proceso de apelación ante la Cámara del Segundo Circuito. Las partes ya presentaron sus argumentos dentro de los plazos establecidos y el expediente atraviesa una etapa decisiva.
Además de esta discusión, permanecen abiertas otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de acciones de YPF y al alcance del propio discovery. La definición que adopte la Justicia estadounidense no solo tendrá efectos económicos, sino también implicancias políticas y diplomáticas en un caso que se sigue de cerca en los mercados.
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