Un sondeo reveló que el 62% considera urgente modificar las reglas de trabajo y la mitad reclama cambios incluso más intensos que los propuestos.
El debate por la reforma laboral dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una demanda explícita de una mayoría. Un relevamiento privado indica que seis de cada diez argentinos consideran urgente avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo, y una parte significativa incluso cree que el proyecto actual debería ir más lejos.
La encuesta, dirigida por el consultor Aníbal Urios, buscó medir no sólo la aprobación o rechazo de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, sino el rumbo que la sociedad pretende para el país. “El 62% dijo ‘sí, claro’ cuando preguntamos si es urgente la reforma laboral”, explicó Urios en diálogo con Splendid AM 990.
Según el consultor, el estudio se apartó de las preguntas tradicionales sobre intención de voto para indagar en la orientación de fondo que los ciudadanos esperan. “Nos corrimos de la lógica de preguntar problemas e intención de voto y nos pusimos a tratar de entender cuál es el camino que quiere la gente para la Argentina”, sostuvo.
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En ese marco, ubicó un punto de quiebre en 2023, cuando el electorado eligió un cambio de dirección. “La sociedad está con otra idea. Quiere una Argentina totalmente distinta a lo que fue en los últimos 40 o 50 años. Todo lo que venga con una receta totalmente opuesta te cae bien”, afirmó. No obstante, aclaró que no se trata de una postura sin matices: “Es un 60-40. Hay un componente contrario a lo anterior, pero no es ‘lo opuesto y que sea lo que Dios quiera’”.
El respaldo no se limita a la urgencia del debate. Ante la consulta sobre el contenido concreto de la reforma, un 30% consideró que el proyecto es adecuado en su forma actual, mientras que otro 30% lo calificó como “muy light” y reclamó modificaciones más profundas. “Eso me llamó muchísimo la atención”, reconoció Urios, al señalar que incluso entre trabajadores potencialmente afectados por la flexibilización aparece apoyo.
Entre los puntos más discutidos figuran el fraccionamiento de vacaciones en períodos más breves, la modificación del cálculo indemnizatorio y la revisión de licencias por enfermedad. Sobre este último aspecto, el 62% se manifestó a favor de analizar el régimen vigente. “Entiende que hay abusos”, indicó el consultor, aunque precisó que la ciudadanía diferencia entre lo que debe cambiar y lo que funciona correctamente. “La sociedad dice: ‘Lo que funciona déjenlo y lo que está mal modifíquenlo’”, resumió.
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El estudio también detecta una exigencia creciente hacia la dirigencia política. “Hoy la sociedad está diez pasos adelante de la política y le está marcando el rumbo”, sostuvo Urios. En esa línea, describió a 2026 como “el año de las expectativas”, cuando la población evaluará si las reformas se traducen en mejoras concretas.
En paralelo, la apertura comercial y la competencia con productos importados generan tensiones en algunos sectores productivos. Casos como el cierre anunciado por Fate o las advertencias de Techint sobre la competencia externa muestran que el escenario económico presenta desafíos adicionales.
Frente a ese contexto, la opinión pública combina respaldo a la apertura con reclamos de reglas más equitativas. “Para la sociedad hay un problema en la competencia: los impuestos”, explicó Urios. Según el relevamiento, los tributos provinciales son los que más impactan en la vida cotidiana, por lo que una reducción impositiva aparece como condición para equilibrar el nuevo esquema.
El sondeo sugiere que el debate no se agota en la aprobación legislativa. La aceptación social de la reforma dependerá de su impacto concreto en el empleo, los salarios y la dinámica empresarial. En ese terreno, la expectativa mayoritaria se mantiene firme: cambios urgentes y, para muchos, todavía insuficientes.
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