La causa por fotos íntimas que Lilia Lemoine quiere que avance en el ámbito judicial contra un empresario de los medios

La Fiscalía y la querella pidieron que se revise la falta de mérito de Mario Casalongue, mientras siguen en discusión publicaciones denunciadas por hostigamiento y extorsión.

La discusión judicial en torno a las publicaciones del portal Nova entró en una etapa más tensa y más delicada para su propietario, Mario Casalongue, después de que la Fiscalía y la querella empujaran una revisión de la decisión que lo había dejado sin procesamiento. El expediente reúne denuncias de Lilia Lemoine, Lu Palavecino y Marilú Medina, quienes sostienen que fueron blanco de una maniobra de hostigamiento digital con fotos íntimas, textos agravantes y un trasfondo extorsivo. El caso ya no gira solamente alrededor del contenido difundido, sino también sobre la respuesta que debe dar la Justicia frente a publicaciones que, según la acusación, combinaron violencia de género digital, exposición no consentida e intimidación.

La causa se tramita en la Fiscalía Nacional en lo Correccional, a cargo de Leonel Gómez Barbella, y en los últimos días ganó peso a partir de dos movimientos simultáneos. Por un lado, el fiscal apeló la resolución de la jueza Vanesa Peluffo, que había dictado la falta de mérito de Casalongue. Por el otro, la querella reclamó la misma revisión y pidió que esa situación cambie, con el argumento de que la prueba reunida alcanza para sostener una imputación más severa.

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El expediente involucra además a Ulises Cuenca, señalado como coordinador de Nova y también vinculado a otro portal, Lapostademardelplata.com, y a Santiago Sautel, del sitio Realpolitik.com, sobre quienes ya pesan restricciones dispuestas por la magistrada. En el centro del caso aparece una acusación precisa: la difusión de imágenes privadas, algunas presuntamente obtenidas de forma ilegítima y otras, según la denuncia, adulteradas, acompañadas por notas y títulos agraviantes dirigidos contra las tres mujeres. La acusación sostiene que esa exposición no respondió solo a una lógica de daño reputacional, sino a una presión para obtener beneficios vinculados con pauta oficial.

Ese punto es uno de los que más endurece el expediente, porque la denuncia no se agota en la publicación de material íntimo. Según el texto judicial citado en la fuente, las mujeres denunciaron que el dueño del portal y su coordinador difundieron ese contenido "con el objetivo de extorsionarlas para que el gobierno de Javier Milei le otorgue publicidad oficial al portal de noticias de Casalongue". Esa hipótesis empuja la causa más allá de una discusión sobre límites periodísticos o responsabilidad editorial y la coloca en el terreno penal de una presunta extorsión sostenida mediante exposición y agravio.

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En la apelación presentada por el fiscal, el tono fue todavía más directo. Gómez Barbella sostuvo que los acusados realizaron "publicaciones de tinte extorsivo, en un claro contexto de violencia de género digital", una formulación que condensa la mirada del Ministerio Público sobre la lógica con la que se habrían difundido las imágenes y los textos. Esa definición no solo apunta al daño individual sobre las denunciantes, sino al modo en que el contenido habría sido utilizado como mecanismo de presión y disciplinamiento público.

Dentro del expediente aparecen situaciones distintas, aunque enlazadas por el mismo patrón. En el caso de Lu Palavecino, el fiscal consignó que Casalongue publicó en su portal "diversas fotografías de carácter privado", acompañadas por referencias denigrantes y sexualizadas. Sobre Lilia Lemoine, el planteo judicial habla de "una fotografía en apariencia editada" junto con otras imágenes "de contenido erótico para adultos", en una secuencia que la acusación presenta como parte del mismo esquema de hostigamiento.

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La situación de Valeria Marilú Medina, conocida como Marilongui, agrega otro elemento especialmente grave dentro del expediente. Según la fuente citada, se menciona "una fotografía de carácter privado de Valeria Marilú Medina cuando era menor de edad", que habría sido obtenida "ilegítimamente de su aparato celular mediante técnica de phishing". La denuncia conecta esa difusión con un mensaje intimidatorio orientado, otra vez, a obtener beneficios vinculados con la pauta requerida, lo que le da al expediente una densidad todavía mayor.

Mientras la discusión penal sigue abierta, la jueza ya adoptó medidas cautelares concretas para limitar el contacto y frenar la circulación del material cuestionado. A pedido de la Fiscalía, dispuso una "prohibición de contacto por cualquier medio" y también una "prohibición de acercamiento" en un radio no menor a 300 metros para Casalongue, Cuenca y Sautel. Además ordenó la "baja, bloqueo y desindexación" de las notas y fotos publicadas sin consentimiento, una resolución que buscó actuar sobre el daño en curso mientras se resuelve el fondo del caso.

Sin embargo, uno de los puntos que más empujó la nueva ofensiva judicial es que, según la apelación de las denunciantes, esas medidas no se estarían cumpliendo de manera plena. La querella remarcó que el portal Nova todavía mantiene visibles algunas de las notas cuestionadas, pese a la orden judicial vigente. Ese dato cambió el clima del expediente, porque ya no se discute solamente lo que se publicó en el pasado, sino también la eventual persistencia de contenidos que la Justicia ya mandó bajar.