La justicia abre el camino al juicio por el incendio que arrasó 70 hectáreas en Nahuelpán
Actualidad10/03/2026
Sergio BustosLa investigación por el incendio que afectó campos en la zona de Nahuelpán sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza penal que interviene en la causa rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y ratificó que el expediente debe avanzar hacia un juicio oral y público, donde se discutirá la responsabilidad del acusado.
La resolución se tomó durante una audiencia preliminar que continuará el 27 de marzo. En esta etapa del proceso, la justicia no define culpabilidades, sino que analiza si existe una base suficiente para sostener una acusación en un debate oral. La magistrada concluyó que no existe una “certeza negativa” que permita cerrar la causa en este momento, por lo que el caso seguirá adelante.
El incendio investigado ocurrió el 26 de enero y dejó una marca profunda en el área rural. Las llamas consumieron unas 70 hectáreas de campo y cerca de 1200 metros de alambrado, además de provocar pérdidas para productores locales y un importante despliegue de brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
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En el centro del expediente aparece un conflicto territorial que precede al incendio. La disputa gira en torno a 606 hectáreas en la zona, una situación que la fiscalía considera clave para entender el origen del fuego y el contexto en el que ocurrió.
Para el Ministerio Público Fiscal, el episodio no fue un accidente rural. Los fiscales sostienen que el incendio “no fue un accidente rural, sino un acto deliberado”, una hipótesis que se vincula con la intención de perjudicar a los propietarios del establecimiento conocido como El Relincho.
Según la acusación, el imputado habría utilizado un encendedor y vegetación seca para iniciar el fuego en condiciones climáticas que favorecían su propagación. Ese día la temperatura rondaba los 26 grados, con vientos de hasta 37 kilómetros por hora y una humedad cercana al 15%, un escenario que para los investigadores facilitó que las llamas avanzaran hacia los campos en disputa.
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Entre las pruebas mencionadas por la fiscalía aparece un peritaje realizado sobre el teléfono celular del acusado. El análisis detectó una fotografía del incendio cuando todavía estaba en su fase inicial, un dato que para los investigadores contradice la versión de un hallazgo casual del fuego.
Los fiscales también incorporaron testimonios que ubican al imputado en el lugar y señalan que se presentó ante algunas personas con un nombre falso. En esos relatos se menciona que el hombre habría advertido previamente sobre el litigio por las tierras, un elemento que para la acusación refuerza la hipótesis de intencionalidad.
La defensa, en cambio, sostiene una interpretación completamente distinta. Los abogados argumentan que el episodio se originó en prácticas rurales habituales y que el fuego se descontroló de forma accidental. Además remarcaron que el propio acusado sufrió quemaduras graves mientras intentaba apagar las llamas, lo que a su criterio demuestra que no existió intención de provocar el incendio.
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La jueza consideró que esa discusión no puede resolverse en la etapa preliminar. Según explicó, determinar si existió dolo —voluntad de provocar el daño— o culpa por negligencia requiere la producción de pruebas y el análisis de testimonios durante un juicio oral.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue avanzando. Durante el receso hasta la próxima audiencia, las partes buscarán acordar las llamadas convenciones probatorias, un mecanismo que permite reconocer hechos que no están en discusión —como la magnitud del daño— y así reducir la cantidad de testigos en el debate.
La instancia que viene será clave para definir cómo se desarrollará el juicio. Allí quedará planteada con claridad la disputa que atraviesa toda la causa: si el incendio fue el resultado de un accidente rural o un ataque intencional vinculado a un conflicto por la tierra.
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