Un incendio en Nahuelpan arrasó 70 hectáreas y ahora la justicia busca responsables

Policiales10/03/2026

La fiscal María Bottini confirmó que la causa por el fuego iniciado en enero de 2025 avanzó a la etapa de acusación y se encamina al juicio oral. El caso expone daños ambientales, pérdidas económicas y un conflicto territorial previo en la zona.

La investigación judicial por el incendio ocurrido en Nahuelpan a comienzos de 2025 entró en una fase decisiva y la causa ya se encamina hacia un juicio oral. El expediente no discute si hubo fuego ni el daño que dejó, sino la intencionalidad con la que se inició, un punto que la fiscalía considera determinante para evaluar la responsabilidad penal.

La fiscal María Bottini explicó que el Ministerio Público ya formalizó la acusación por el hecho ocurrido el 26 de enero de 2025, luego de que la defensa intentara cerrar el expediente mediante un pedido de sobreseimiento. Ese planteo no prosperó y ahora la causa continuará con una audiencia preliminar prevista para fines de marzo, paso necesario antes de fijar fecha para el debate.

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El episodio investigado ocurrió en un contexto particular, marcado por un conflicto territorial previo en el sector. En ese lugar existía una disputa entre ocupantes del campo y una comunidad mapuche, un enfrentamiento que incluso había llegado anteriormente a tribunales por una causa de usurpación. Aunque la Cámara terminó absolviendo a la comunidad, el desacuerdo entre las partes continuaba presente.

En ese marco, la fiscalía reconstruyó que ese día había trabajadores vinculados a la familia Aguado descargando animales cuando una persona de la comunidad les advirtió que ese espacio pertenecía a la comunidad. Poco después de ese intercambio se inició el incendio que luego se expandió rápidamente por el campo.

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Según la investigación, el fuego comenzó cerca de las 13.30, en un momento de alto riesgo por las condiciones climáticas. Ese mediodía la temperatura rondaba los 26 grados, el terreno estaba seco y soplaba viento, una combinación que favorece la propagación de las llamas. Para la fiscalía, quien inició el fuego conocía el lugar y las consecuencias posibles de esa acción.

Bottini rechazó la hipótesis de la defensa, que sostuvo que el hecho podría tratarse de un delito culposo, es decir, sin intención de provocar el daño. Según esa versión, el fuego se habría iniciado para marcar el espacio o ubicar animales. Para la fiscal, ese argumento pierde fuerza frente al contexto en el que se produjo el incendio.

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“A lo sumo podrá ser un arrepentimiento pero que no es un desistimiento del hecho”, sostuvo Bottini al referirse a la versión de que la persona involucrada habría intentado apagar las llamas luego de iniciarlas. Desde la fiscalía consideran que ese gesto no modifica la responsabilidad por el incendio ya provocado.

Las consecuencias materiales del episodio también forman parte central del expediente. El incendio dejó 70 hectáreas quemadas y 1.200 metros de alambrado destruidos, además de obligar a un amplio operativo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que debió desplegar personal, vehículos y equipamiento para controlar el avance del fuego.

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La fiscal remarcó que ese tipo de operativos implica costos importantes para el Estado y para los contribuyentes. “Es toda plata que sale de lo que pagamos todos los ciudadanos de Chubut de nuestros impuestos”, explicó al señalar que cada intervención moviliza recursos humanos y económicos que podrían destinarse a otras emergencias.

Además del impacto ambiental, el incendio generó complicaciones para productores de la zona, que debieron reorganizar la ubicación de los animales y afrontar gastos adicionales. La pérdida de alambrados y el traslado de hacienda suelen implicar costos elevados para quienes trabajan en esos campos.

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Bottini también vinculó este episodio con una problemática más amplia que se repite cada verano en la cordillera. Los incendios forestales generan preocupación constante en las localidades de la región y muchas veces mantienen a la población en alerta durante semanas.

“Todos los veranos estamos esperando a ver cuántos incendios hay con toda la angustia que eso genera en la comunidad”, señaló la fiscal al recordar que en algunos períodos ciudades como Esquel permanecen varios días cubiertas de humo por los focos cercanos.

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En la entrevista también aclaró que en este caso puntual la investigación no detectó vínculos con eventuales conexiones internacionales, una hipótesis que había circulado en algunos incendios de la región. “En este caso puntual, como se dio el hecho y cuál fue el trasfondo, entendemos que no existe”, indicó.

La causa continuará ahora con la audiencia preliminar, donde las partes discutirán la prueba que llegará al debate oral. Superada esa etapa, el tribunal deberá fijar la fecha del juicio en el que se analizarán las responsabilidades por el incendio que afectó a Nahuelpan.

Para la fiscalía, el expediente busca también dejar en claro que iniciar un fuego en esas condiciones no constituye un hecho menor ni una forma aceptable de resolver conflictos. “No es una manera de resolver un conflicto prender fuego, ni tampoco es algo menor”, resumió Bottini al explicar el criterio con el que el Ministerio Público sostendrá la acusación en el juicio.