Miles quieren hablar sobre glaciares y el Congreso ya enfrenta presión para extender el debate
Política10/03/2026
REDACCIÓNMás de 18.000 personas se anotaron para participar de audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares y diputados opositores reclaman ampliar el cronograma.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares generó una reacción masiva antes incluso de comenzar. Más de 18.000 personas se inscribieron para exponer en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados.
La magnitud de la participación encendió una discusión dentro del Congreso sobre si el esquema previsto alcanzará para escuchar a todos los interesados.
Las audiencias fueron programadas inicialmente para dos jornadas consecutivas, el miércoles 25 y el jueves 26, pero distintos bloques opositores consideran que ese plazo resulta insuficiente. Por ese motivo, legisladores de varios espacios pidieron extender el cronograma para permitir una participación más amplia.
El planteo fue realizado por los diputados Maximiliano Ferraro y María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, junto a Sabrina Selva, de Unión por la Patria. Los legisladores enviaron una nota formal al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones que intervienen en el debate.
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El documento también fue dirigido al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y al titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc. En el texto, los diputados sostienen que la cantidad de inscriptos obliga a reconsiderar la organización del proceso participativo.
Según plantearon, ampliar las audiencias permitiría garantizar una participación ciudadana acorde a las normas vigentes en materia ambiental. Los legisladores argumentaron que el debate debe respetar los estándares del Acuerdo de Escazú, tratado internacional incorporado al derecho argentino mediante la Ley 27.566.
En la nota enviada a las autoridades parlamentarias señalaron que es necesario “garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú”.
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El Gobierno sancionó a FATE por salarios impagos y busca frenar el conflicto por más de 900 despidosEl planteo también se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano. En ese sentido, los legisladores recordaron que las autoridades tienen la obligación de promover mecanismos de participación pública cuando se discuten políticas ambientales.
Como antecedente, mencionaron el debate parlamentario por la legalización del aborto realizado en 2018. En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados organizó 15 audiencias públicas durante casi dos meses, con más de 100 horas de discusión y centenares de expositores. Además, el Senado sumó cinco audiencias adicionales que ampliaron el proceso de deliberación legislativa.
Para los diputados que impulsan el pedido, ese antecedente demuestra que el Congreso ya desarrolló debates prolongados en temas de fuerte impacto social. El pedido de ampliar las audiencias ahora queda en manos de las autoridades de la Cámara baja, que deberán decidir si el calendario actual se mantiene o se modifica ante el volumen de participación.
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