Impulsan una reforma para eliminar la matrícula obligatoria en el corretaje inmobiliario

Política18/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Sturzenegger impulsa una reforma para que la intermediación sea un servicio comercial, no profesión liberal. También, cambios en el código aduanero.

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El Gobierno Nacional impulsa un proyecto para desterrar el rol de los colegios profesionales en el mercado inmobiliario, eliminando la obligatoriedad de la matrícula. La iniciativa también busca suprimir las restricciones geográficas para que los corredores puedan operar en distintas jurisdicciones. Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas que se buscará motorizar tras el receso invernal.

El plan oficialista, que se suma a otras propuestas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Reforma Electoral, incluye dos grandes ejes de desregulación económica. Uno de ellos es una reforma integral del código aduanero para agilizar el comercio exterior. El otro consiste en cambiar de manera sustancial las reglas del mercado inmobiliario actual.


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Detrás de ambos textos se encuentra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para la redacción de los proyectos, el funcionario mantuvo reuniones y escuchó propuestas de distintos actores del sector privado. El objetivo principal en el área inmobiliaria es que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial.

Una de las voces que aportó ideas para la iniciativa fue Jorge Amoreo Casotti, CEO de la start-up Proptech Pint. Dicha empresa se ha asentado en el mapa de negocios del rubro en los últimos años. El empresario le acercó distintas sugerencias al ministro Sturzenegger para darle forma final al proyecto.


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Para Amoreo Casotti, el cambio es fundamental para la actividad y criticó el sistema vigente en el país. El empresario sostuvo que «el corretaje inmobiliario no es medicina, ingeniería ni una ciencia reservada a iniciados». En cambio, lo definió como «una actividad comercial que conecta a dos partes, para facilitar una operación y cobrar una comisión».

El CEO de Proptech Pint también argumentó que la colegiación obligatoria no asegura un mejor servicio para los clientes. «La matrícula no garantiza ética, capacidad ni excelencia: garantiza que alguien pagó para entrar al sistema», justificó. Además, afirmó que los colegios no protegen al consumidor sino su propia exclusividad en el mercado.


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En paralelo, el oficialismo quiere implementar cambios de fondo en el código aduanero. Según un borrador de la iniciativa, la administración de Javier Milei intentará relajar controles y prescindir de personal. El plan también contempla terminar con burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercadería, además de cambiar la figura y las penalidades del contrabando.

Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA) advirtieron sobre los riesgos de la reforma. El gremio, conducido por Daniel Mallotti, considera que los cambios estructurales podrían debilitar el sistema de control. En esa línea, la entidad mantuvo contactos con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) por el incremento del comercio ilegal.

El empresario Jorge Amoreo Casotti apuntó contra el marco legal que dio origen al sistema que critica. Según él, las leyes nacionales 20.266 y 25.028 “instalaron la trampa unificadora”. Este modelo, explicó, se expandió desde 2003 con leyes provinciales que crearon colegios obligatorios y comisiones reguladas.

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