Chubut busca prohibir celulares en cárceles para frenar estafas digitales desde prisión
Política14/03/2026
REDACCIÓNEl Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto que prohíbe teléfonos en centros de detención y establece comunicaciones controladas para internos.
El Gobierno del Chubut anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que busca prohibir de forma total el uso de teléfonos celulares en cárceles, comisarías y alcaidías, con el objetivo de frenar delitos como estafas virtuales que se organizan desde lugares de detención. La iniciativa también propone implementar sistemas de comunicación controlada entre los internos y sus familiares o defensores.
El proyecto fue presentado por el gobernador Ignacio Torres en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y será remitido al Parlamento provincial el próximo lunes para iniciar su tratamiento. Durante el anuncio, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz y la diputada provincial María Andrea Aguilera, autora de la propuesta.
La iniciativa plantea un cambio en el esquema actual de comunicaciones dentro de los centros de detención. El texto establece la prohibición del ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares u otros dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad, además de la posibilidad de instalar sistemas para bloquear señales dentro de los establecimientos.
Torres explicó que la propuesta busca evitar que las cárceles se conviertan en puntos desde donde se coordinan delitos a distancia. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, afirmó.
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El gobernador aclaró que el proyecto no apunta a incomunicar a los internos, sino a regular las comunicaciones dentro de un marco institucional. “Van a poder seguir contactándose con sus familiares, con sus defensores y con las autoridades correspondientes, pero mediante sistemas institucionales y controlados, no a través de celulares que hoy muchas veces terminan siendo herramientas para cometer delitos”, sostuvo.
Según el mandatario, muchas de las estafas digitales detectadas en los últimos años se organizan desde contextos de encierro. “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que desde un lugar de detención se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, expresó.
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El ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz señaló que la propuesta busca restablecer un funcionamiento normal del sistema penitenciario luego de los cambios que se produjeron durante la pandemia. “Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”, explicó.
Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna indicó que la iniciativa apunta a enfrentar delitos que en muchos casos se coordinan desde el interior de las cárceles. “Muchos reclusos aprovecharon la situación excepcional que se dio durante la pandemia para acceder a dispositivos que hoy son utilizados para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, afirmó.
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La diputada María Andrea Aguilera, autora del proyecto, remarcó que la propuesta busca establecer reglas claras en todo el sistema de detención provincial. “Lo que buscamos es prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para las personas privadas de la libertad, garantizando al mismo tiempo que las comunicaciones se realicen en condiciones seguras”, explicó.
El proyecto también prevé la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas, mediante terminales habilitadas exclusivamente para llamadas de voz. Estos dispositivos no permitirán acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería ni intercambio de archivos.
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Además, las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados, que formarán parte de un registro de contactos habilitados. Cada llamada deberá quedar registrada con datos como fecha, hora, duración, interno solicitante y número de destino.
La normativa tendrá alcance en todos los establecimientos penitenciarios, alcaidías, comisarías, institutos y centros de detención transitoria de la provincia, e incluso alcanzará a personas detenidas en unidades federales cuando la causa corresponda a la justicia chubutense.
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En caso de detectarse teléfonos o dispositivos prohibidos dentro de los centros de detención, la ley prevé su decomiso inmediato, la elaboración de un acta del procedimiento y la intervención del Ministerio Público Fiscal si existen indicios de delito.
La propuesta también habilita a la autoridad de aplicación a implementar sistemas de inhibición o control de señal móvil dentro de los establecimientos para evitar comunicaciones clandestinas.
Según el Gobierno provincial, la iniciativa forma parte de una política más amplia para enfrentar el ciberdelito y las estafas digitales, delitos que en los últimos años registraron un crecimiento sostenido en distintas regiones del país.
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