La abogada argentina detenida en Brasil podría recibir condena y buscaría cumplirla en el país
Actualidad14/03/2026
REDACCIÓNLa defensa de Agostina Páez sostiene que la fiscalía pide hasta 15 años de prisión, aunque considera difícil que esa pena prospere en el proceso judicial.
El proceso judicial que enfrenta la abogada argentina Agostina Páez en Brasil continúa abierto y con escenarios todavía inciertos. La joven permanece bajo prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro mientras avanza la investigación por una causa de injuria racial.
La fiscalía brasileña solicitó una pena que podría alcanzar hasta 15 años de prisión efectiva, una cifra que generó fuerte repercusión en el caso. Sin embargo, la defensa sostiene que ese pedido resulta difícil de sostener con las pruebas existentes en el expediente. La abogada Carla Junqueira, encargada de la defensa, explicó que la acusación se basa en la posibilidad de que se trate de tres delitos distintos. Según la fiscalía, la situación involucraría a tres personas que habrían sido víctimas de expresiones discriminatorias.
En ese contexto, Junqueira consideró improbable que se aplique una condena de esa magnitud. “15 años de cárcel lo veo muy difícil porque para sumar las tres penas que pide la Fiscalía (…) tendrían que sumar la pena máxima de los tres delitos en concurso material”, afirmó.
La defensa sostiene que el expediente no demuestra que hayan ocurrido tres hechos distintos. Según explicó la letrada, no existen elementos que confirmen la presencia de tres delitos independientes ni tres episodios separados. “No hay pruebas en el expediente que confirme que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos, con tres delitos distintos”, sostuvo la abogada al analizar el caso.
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Desde la perspectiva de la fiscalía, en cambio, existen testimonios y registros que respaldarían la acusación. Entre las pruebas mencionadas figuran declaraciones de los trabajadores del bar donde ocurrió el episodio y registros de cámaras de seguridad.
Según detalló Junqueira, el expediente incluye testimonios de las personas que denunciaron el hecho y la declaración de un testigo identificado como el gerente del local. Además, se analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad.
La defensa cuestiona el alcance de ese material. En relación con las grabaciones del interior del bar, la abogada afirmó que las imágenes no permiten confirmar lo que ocurrió durante la discusión. “En la imagen se ve a las tres chicas que discutían sobre la cuenta. No se escucha nada, se ve que hay discusiones”, explicó sobre el contenido de la filmación.
De acuerdo con su versión, el video solo mostraría una discusión entre clientes y empleados del establecimiento. La defensa considera que ese material no prueba la existencia de insultos ni conductas discriminatorias dentro del local.El episodio que derivó en la causa ocurrió luego de un conflicto por el pago de una cuenta. Según relató la abogada, la situación escaló cuando el grupo intentó retirarse del lugar.
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Junqueira sostuvo que el momento más tenso se produjo fuera del bar. “Se enojó, y cuando el de seguridad iba a cruzar la calle, le hizo esos gestos obscenos. Ella reaccionó con lo que llamamos de retorsión inmediata”, señaló. La defensa reconoce que ese gesto puede constituir un delito en Brasil, aunque considera que se trató de una reacción impulsiva. “Fue una retorsión inmediata de un momento de calentura”, explicó.
En ese marco, la estrategia judicial apunta a que una eventual condena pueda cumplirse fuera de Brasil. La abogada indicó que existe la posibilidad de solicitar que la pena se ejecute en Argentina bajo determinadas condiciones.
Según planteó, el cumplimiento podría incluir monitoreo y otras medidas vinculadas a tareas de concientización. De todos modos, la defensa reconoce que el proceso judicial continúa y que la acusada deberá afrontar alguna sanción. “Por lo menos, durante dos años, va a tener que cumplir algún tipo de pena”, expresó Junqueira al referirse al escenario más probable dentro del proceso.
Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis de la Justicia brasileña, que deberá evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad de la acusada. La decisión final podría definir no solo la duración de la pena sino también el país donde eventualmente se cumpla.
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