Sueños Compartidos suma peso político y Mauricio Macri llega hoy a Comodoro Py
Política18/03/2026
REDACCIÓNLa ronda de testigos del juicio por Sueños Compartidos suma nombres de alto voltaje político y este miércoles Mauricio Macri declara en Comodoro Py por las obras en la Ciudad.
El juicio por Sueños Compartidos entró en una etapa que empezó a rodear de nombres fuertes a una causa que arrastra años de acusaciones por el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales. En ese tramo aparece este miércoles Mauricio Macri, convocado como testigo en Comodoro Py 2002, en una audiencia que pone el foco sobre cómo funcionó el programa en la Ciudad de Buenos Aires. La declaración no lo ubica entre los acusados, pero sí lo mete de lleno en una escena judicial donde vuelven a cruzarse política, obra pública y uno de los expedientes más sensibles del último tiempo.
La citación llegó a pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados, y apunta a que el ex presidente aporte información sobre la operatoria del plan habitacional en territorio porteño. Durante el período bajo análisis, Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, y por eso el tribunal busca precisiones sobre el vínculo entre la administración porteña y las construcciones impulsadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Su presentación quedó fijada para las 9:30 y, según trascendió, aceptó asistir de manera presencial para responder preguntas bajo juramento.
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La audiencia de este miércoles además expone un dato político que el juicio empieza a mostrar con más claridad: la etapa de testigos amplía el expediente mucho más allá de quienes ocupan el banquillo. La semana próxima también deberá presentarse Sergio Massa, citado para el 25 de marzo por su paso como intendente de Tigre, otro de los distritos donde la fundación desarrolló obras. Así, el debate oral empieza a tender un puente entre distintos niveles del poder que tuvieron relación con el programa, aunque sea desde lugares institucionales distintos y en momentos políticos enfrentados.
El tribunal también convocó a otras figuras de peso, como Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich, aunque en esos casos no asistirán personalmente a los tribunales. Los tres pidieron declarar por escrito, una modalidad que el proceso también contempla para testigos con responsabilidades públicas o trayectorias políticas relevantes. Esa diferencia entre quienes van a la sala y quienes responden por otra vía también marca el espesor político que tomó esta fase del juicio.
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La ronda de testimonios recién empezó y ya muestra la dimensión que alcanzó el debate. La Fiscalía pidió la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera sumó otras 17 y las defensas de los Schoklender agregaron 120 nombres más. Ese volumen de testigos refleja que la causa no solo busca revisar decisiones administrativas o contratos, sino reconstruir una trama amplia sobre cómo circulaban los fondos, cómo se adjudicaban las obras y qué controles existían sobre un programa que debía atender una demanda social urgente.
En el centro del juicio siguen sentados Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la fundación, junto con ex funcionarios nacionales y provinciales de primera línea. Entre ellos aparecen el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario Abel Fatala, el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif, la ex funcionaria Silvia Nasif y los ex funcionarios Carlos Castellano y Claudio Freidin. Todos llegaron a esta instancia acusados de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque con distintos grados de participación.
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La acusación que sostiene la fiscal federal Paloma Ochoa, y que en el debate defiende Diego Velasco, plantea que entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales. Según esa hipótesis, además, las obras se adjudicaron de manera directa e irregular a la fundación. Ese señalamiento es el corazón del expediente y explica por qué el tribunal busca ahora escuchar a dirigentes que, desde distintos cargos, tuvieron contacto con el despliegue territorial del programa.
El juicio ya dejó, además, una declaración de alto impacto político con las palabras de Sergio Schoklender, que apuntó contra Hebe de Bonafini y contra figuras del kirchnerismo. Frente al tribunal sostuvo que ella “estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”. Con esa frase buscó correr responsabilidades y presentar a la fundación como una estructura sometida a presiones políticas ajenas al objetivo social que justificaba los fondos.
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En ese mismo tramo de su declaración, Schoklender afirmó que la fundación actuaba como aparato militante y que parte de los recursos humanos terminaban volcados a actividades partidarias. “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó al describir cómo se interrumpían tareas vinculadas a las obras para asistir a actos y eventos políticos. La frase condensó una de las líneas más delicadas del juicio, porque enlaza el supuesto desvío de recursos con una utilización política de una estructura financiada con dinero público.
También dejó otra definición que buscó ubicar un cambio de etapa en la relación entre poder político y manejo de fondos. “Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, declaró. Y completó esa idea con otra frase igual de fuerte: “Él tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”.
En ese contexto, la aparición de Macri como testigo suma una pieza nueva a un juicio que recién empieza a mostrar su espesor político completo. No se trata solo de revisar expedientes, certificados de obra o transferencias, sino de reconstruir quién sabía qué, quién controlaba qué parte del programa y qué margen tenía cada funcionario frente a una estructura que movió millones. Con los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg a cargo de la sentencia, la causa abre ahora una etapa en la que cada testimonio puede reordenar la lectura pública del caso sin mover, por ahora, el núcleo de las acusaciones.
Fuente: Infobae
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