Una fuga a plena luz del día y una sospecha que incomoda al sistema judicial
Chubut18/03/2026
Sergio BustosLa fuga de un detenido considerado de alta peligrosidad volvió a poner bajo la lupa no solo los controles de seguridad, sino también decisiones judiciales que habilitan situaciones de riesgo. El episodio ocurrió en Trelew y dejó al descubierto una cadena de factores que, según el Gobierno, facilitaron el escape.
En el centro de la discusión aparece un elemento clave: la posible utilización de un celular dentro del sistema penitenciario. Para el Ministerio de Seguridad, ese detalle no es menor, ya que podría explicar cómo se organizó la evasión y por qué el prófugo logró salir sin improvisación.
El ministro Héctor Iturrioz fue contundente al referirse a esa hipótesis. “No tenemos dudas de que tenía un celular y coordinó la fuga con un cómplice. Esto está relacionado con la permisividad de algunos jueces”, afirmó, marcando un punto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial.
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La fuga ocurrió en un contexto particular que complejiza los controles. El detenido se encontraba en una consulta psicológica presencial, una instancia que no suele contar con las mismas medidas de seguridad que un traslado o una dependencia policial. Esa situación, según explicó el funcionario, fue determinante.
“Se decía que se había fugado durante el traslado o desde una comisaría, pero esa información era inexacta”, aclaró Iturrioz, al detallar que el escape se produjo dentro del consultorio. La precisión buscó ordenar las versiones iniciales que circularon tras el hecho.
El momento de la evasión fue rápido y directo. “Ingresó al consultorio, comenzó la entrevista y en un momento abrió la ventana y se dio a la fuga”, relató el ministro. Afuera, según confirmó, lo esperaba una moto que facilitó la huida inmediata del lugar.
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El perfil del prófugo también alimenta la preocupación. “Se trata de una persona extremadamente peligrosa y estas situaciones no deberían ocurrir”, sostuvo Iturrioz en referencia al detenido, que cumple una condena de 15 años por homicidio. La gravedad del caso intensificó el despliegue de un operativo cerrojo para intentar dar con su paradero.
Más allá del hecho puntual, el episodio reavivó una discusión de fondo sobre el uso de tecnología en contextos de encierro. El funcionario recordó que durante la pandemia se flexibilizaron ciertas medidas, entre ellas el uso de celulares, pero cuestionó que esa práctica continúe vigente.
“En su momento se permitió el uso de celulares por la imposibilidad de recibir visitas, pero esa situación ya terminó. No se puede seguir sosteniendo esta práctica”, señaló, en línea con el planteo del Gobierno para restringir estos dispositivos.
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El caso también puso en cuestión la modalidad de atención presencial en determinados contextos. Según explicó Iturrioz, la Provincia había invertido en herramientas tecnológicas para evitar traslados, como sistemas de videoconferencia, pero en este caso se exigió la presencia física del detenido.
“Hemos hecho una inversión importante en recursos tecnológicos para evitar traslados, con sistemas de videoconferencia para consultas médicas y audiencias. Sin embargo, en este caso puntual se exigió la presencialidad”, indicó. Y agregó: “Intentamos evitar este tipo de escenarios, pero no fue posible. La Justicia deberá revisar este mecanismo”.
La fuga de Trelew dejó así expuesta una combinación de factores: decisiones judiciales, fallas en los controles y el uso de tecnología dentro de las cárceles. En ese cruce, el Gobierno apunta a cambios estructurales para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
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