Buscan cortar estafas desde las cárceles con una prohibición total de celulares

Las estafas telefónicas y maniobras delictivas organizadas desde el interior de las cárceles quedaron en el centro de una decisión política que ahora avanza hacia la Legislatura. El Gobierno provincial impulsa una prohibición total del uso de celulares e internet en los penales, con el objetivo de cortar de raíz ese circuito.

La iniciativa apunta directamente a una modalidad que creció en los últimos años: la planificación de delitos desde los pabellones, utilizando dispositivos móviles para coordinar engaños, extorsiones y otras maniobras. En ese contexto, la propuesta busca eliminar cualquier posibilidad de comunicación inalámbrica dentro de los centros de detención.

El proyecto establece que los internos no podrán tener ni utilizar teléfonos celulares, tablets ni ningún otro dispositivo con acceso a redes. La medida no se limita a la tenencia, sino que también abarca el uso, con un enfoque integral orientado a cerrar todas las vías posibles de comunicación ilegal.

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Para garantizar que la prohibición no quede solo en el papel, el Ejecutivo plantea la instalación de sistemas de bloqueo de señal dentro de los perímetros carcelarios. Estos equipos deberán impedir tanto la telefonía móvil como la transmisión de datos, evitando que los dispositivos puedan operar aun si logran ingresar.

La responsabilidad de aplicar estas medidas recaerá en la Subsecretaría de Justicia, que trabajará junto a la Policía provincial. A su vez, el esquema contempla la participación obligatoria de las empresas de telecomunicaciones, que deberán colaborar para asegurar que el bloqueo sea efectivo.

El proyecto también incorpora un régimen sancionatorio estricto que no solo alcanza a los internos. El incumplimiento será considerado una falta grave dentro del sistema penitenciario, pero además se prevén castigos severos para cualquier persona o funcionario que facilite el ingreso de estos dispositivos.

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Detrás de la iniciativa aparece una preocupación central: que la detención cumpla realmente su función y no se transforme en un espacio desde donde se continúan cometiendo delitos. La utilización de tecnología dentro de las cárceles es vista como una herramienta que permite burlar controles y extender el accionar delictivo más allá de los muros.

En ese marco, el Gobierno sostiene que la prohibición total es la única forma de garantizar resultados concretos. La apuesta es que, sin acceso a comunicación digital, se reduzca significativamente la capacidad de organización del delito desde el encierro.

El proyecto lleva la firma del gobernador Ignacio Torres y del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y ahora deberá atravesar el debate legislativo. En ese proceso se definirán los tiempos y la forma de implementación de una medida que impacta directamente en el funcionamiento del sistema penitenciario.

Más allá de la discusión parlamentaria, el planteo abre un escenario donde la tecnología, la seguridad y los derechos dentro de las cárceles vuelven a cruzarse. La decisión de avanzar con una prohibición absoluta marca un cambio de enfoque frente a un problema que crece y busca respuestas más contundentes.