El Gobierno cambió las reglas de patentes y abrió el juego a nuevos medicamentos

La decisión elimina restricciones vigentes desde 2012 y modifica cómo se aprueban desarrollos farmacéuticos, en línea con un acuerdo comercial con Estados Unidos.

El sistema de aprobación de medicamentos en la Argentina sumó un cambio de fondo que impacta directamente en la industria farmacéutica. A partir de una nueva resolución, el Estado redefinió los criterios con los que se otorgan patentes químico-farmacéuticas, un paso que también responde a compromisos internacionales.

La medida implica un giro respecto del esquema vigente durante más de una década. Hasta ahora, existían limitaciones técnicas específicas que restringían el acceso a patentes en ciertos casos. Con la nueva normativa, ese marco quedó sin efecto y el análisis pasa a ser más amplio.

El cambio quedó formalizado mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). A partir de su entrada en vigencia, el organismo recupera la facultad de evaluar cada solicitud de manera individual.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es alinear el sistema local con estándares internacionales. En esa línea, el ministro Federico Sturzenegger afirmó: “Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos”.

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El nuevo esquema elimina restricciones que regían desde 2012 y que excluían ciertos desarrollos del sistema de patentes. Entre ellos, se encontraban los polimorfos, las sales y otros derivados, que eran considerados variaciones de sustancias ya conocidas y, por lo tanto, no patentables.

También quedaban fuera las denominadas “segundas indicaciones médicas” y las innovaciones en dosificación, ya que la normativa anterior las interpretaba como métodos de tratamiento. Con el cambio, esas limitaciones desaparecen y el análisis dependerá de los criterios generales de la ley.

El INPI, según precisó el funcionario, trabajará bajo un esquema más flexible. “El INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales”, sostuvo Sturzenegger, al explicar el nuevo alcance del organismo.

El Gobierno remarcó que la modificación no afecta a los productos ya disponibles en el mercado. En ese sentido, aclaró que los medicamentos actualmente comercializados seguirán sin cambios ni nuevas obligaciones económicasderivadas de esta decisión.

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En paralelo, el argumento oficial vincula la reforma con la necesidad de fomentar la innovación. Según los considerandos de la norma, fortalecer los derechos de propiedad intelectual puede acelerar la llegada de nuevos productos y mejorar la disponibilidad de tratamientos.

La decisión también se inscribe en un contexto más amplio de apertura comercial. El Ejecutivo sostiene que este tipo de cambios genera previsibilidad y seguridad jurídica, dos condiciones que buscan atraer inversiones y facilitar el desarrollo de la industria farmacéutica en el país.