El expresidente declaró como testigo y vinculó presiones políticas con pagos cuestionados. El tribunal analiza un presunto desvío millonario en viviendas sociales.
La escena judicial volvió a poner en foco una de las causas más sensibles vinculadas a la obra pública. En Comodoro Py, el juicio por el programa Sueños Compartidos expone una trama que mezcla financiamiento estatal, construcción de viviendas y decisiones políticas que hoy se revisan en tribunales.
En ese contexto, la declaración de Mauricio Macri aportó un elemento que cruzó la causa con la dinámica del poder nacional de aquellos años. El expresidente describió situaciones que, según sostuvo, condicionaban el flujo de fondos hacia la Fundación Madres de Plaza de Mayo, eje central de la investigación.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N° 5, Macri recordó un episodio puntual al inicio de su gestión porteña. “Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, afirmó bajo juramento.
El planteo no quedó aislado en una anécdota política. Según relató, la advertencia llegó en paralelo a informes internos que cuestionaban la relación entre pagos y avance de obras. “Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, sostuvo en referencia al entonces ministro Esteban Bullrich.
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El mecanismo mencionado por Macri se vincula con los certificados de obra, documentos que habilitan el desembolso de fondos públicos a medida que avanzan los trabajos. La causa busca determinar si ese sistema fue utilizado de manera irregular para justificar transferencias que no tenían correlato con la ejecución real.
Mientras el tribunal avanza con el análisis técnico y contable, la dimensión política aparece como telón de fondo constante. El propio Macri describió el vínculo con la Fundación como “bastante traumático”, en un contexto donde, según dijo, los conflictos por el cumplimiento de contratos eran recurrentes.
Ese clima de tensión también incluyó episodios públicos. El expresidente recordó que integrantes de la organización encabezada por Hebe de Bonafini protagonizaron protestas y reclamos que escalaron hasta ámbitos institucionales, en medio de la disputa por los pagos.
El expediente judicial, sin embargo, va más allá de esas escenas. La acusación sostiene que entre 2005 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos destinados a viviendas sociales, lo que representa cerca del 23% de los fondos transferidos para el programa.
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Puerto Madryn se prepara para dos fines de semana clave y apuesta a sostener el movimiento turísticoEn el banquillo están figuras centrales del área de infraestructura de aquellos años, como Julio De Vido, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el exsecretario José López, junto a otros exfuncionarios nacionales y provinciales. El fiscal Diego Velasco sostiene que las obras fueron adjudicadas de manera directa e irregular a la Fundación.
El proceso recién comenzó su etapa testimonial y tendrá una extensión considerable. La Fiscalía convocó a 92 testigos, mientras que la UIF sumó otros 17 y las defensas propusieron más de 120. Entre los nombres que deberán declarar figura Sergio Massa, citado para fines de marzo.
Macri, en cambio, ya cerró su participación. Su declaración duró menos de veinte minutos y se limitó a responder preguntas del tribunal. Al salir de Comodoro Py evitó hacer declaraciones públicas, aunque su testimonio quedó incorporado a un juicio que todavía tiene un largo recorrido por delante.
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