El plan del Gobierno nacional para afianzar la baja de la inflación: un Banco Central más independiente
Política19/07/2026
REDACCIÓNLa iniciativa busca otorgar independencia a la autoridad monetaria con un mandato único de preservar el valor de la moneda y atacar la inercia inflacionaria del país.
El Gobierno Nacional avanza en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para redefinir sus funciones y su gobernanza. Según declaraciones del vocero presidencial Adrian Ravier, el proyecto establece que el único mandato de la entidad será preservar el valor de la moneda. Además, la propuesta prohíbe explícitamente el financiamiento al Tesoro, tanto en pesos como mediante el uso de reservas internacionales, y restringe la distribución de utilidades.
La reforma también contempla un endurecimiento de las penas para las autoridades que utilicen el BCRA para financiar al gobierno de manera indirecta. Se busca fortalecer el esquema de gobernanza de la institución, elevando los requisitos necesarios para la remoción de los directores y del presidente del organismo. La experiencia internacional sugiere que un esquema de vencimiento escalonado en el mandato de los directores es crucial para asegurar su independencia del poder político de turno.
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Este proyecto surge en un contexto donde la falta de independencia del BCRA es vista como una de las causas de la persistencia de la inflación. Un efecto concreto de esta falta de credibilidad se observó en la segunda mitad de 2025 y el primer trimestre de 2026, cuando un shock en el precio de la carne derivó en un aumento de la inflación núcleo. En la Argentina, a diferencia de países con políticas monetarias creíbles, los shocks de precios relativos tienden a generalizarse y generar mayor inercia.
La Carta Orgánica modificada en 2012 asigna al BCRA el mandato de promover, en línea con las políticas del gobierno, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. La nueva propuesta simplificaría esta misión a una sola: la estabilidad de precios, un objetivo que se considera fundamental para anclar las expectativas. El cambio de enfoque es uno de los pilares para consolidar un proceso de desinflación sostenido en el tiempo.
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La base teórica de esta reforma se inspira en los trabajos de los economistas Finn Kydland y Edward Prescott, ganadores del premio Nobel de Economía en 2004. Ellos formalizaron el problema de la “inconsistencia temporal”, que explica cómo un gobierno puede tener incentivos para desviarse de sus promesas, como expandir la emisión monetaria antes de una elección, generando desconfianza. La delegación de la política monetaria en un ente independiente es la solución que la teoría económica propuso para superar este problema de credibilidad.
A partir de 1990, numerosos países adoptaron este modelo con resultados positivos en la lucha contra la inflación, logrando metas anuales de entre el 2% y el 3%. Nueva Zelanda, Suecia y Chile fueron pioneros, y luego se sumaron otras naciones de Latinoamérica como Brasil, Colombia, México y Perú. Estos países han logrado una estabilidad monetaria que fue elusiva para la Argentina durante décadas.
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La alternativa a un banco central independiente son las reglas inamovibles, como fue el régimen de Convertibilidad en la Argentina. Si bien estas reglas solucionan el problema de la inconsistencia, su rigidez puede exacerbar los ciclos económicos en contextos desfavorables. A fines de los 90, la fortaleza del dólar, la caída de precios de exportación y la devaluación de Brasil llevaron al país a una profunda recesión.
Uno de los desafíos para la nueva ley es su sostenibilidad en el tiempo, dado que en la Argentina las normativas pueden ser modificadas por futuros Congresos con relativa facilidad. Un ejemplo de esto fue el caso de YPF, que fue privatizada y luego nacionalizada con el apoyo de algunos de los mismos legisladores. Por ello, se considera que la aprobación de la ley con el mayor consenso político posible, incluyendo al peronismo no kirchnerista, sería fundamental para su permanencia.
En paralelo, el gobierno impulsa otra reforma institucional inspirada en el modelo de Estados Unidos: el “shutdown” o cierre parcial del poder ejecutivo. Esta medida se activaría cuando el Congreso no apruebe un aumento en la capacidad de endeudamiento del gobierno. La implementación de reglas fiscales de este tipo busca limitar la discrecionalidad de los gobiernos y evitar el sesgo hacia el déficit.
Fuente: LA NACION.
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