Fiscales respaldan la prohibición de celulares en cárceles: “El delito no puede seguir operando desde el encierro”
Chubut19/03/2026
REDACCIÓNDesde el Ministerio Público Fiscal advierten que los teléfonos móviles se utilizan para estafas, amenazas y extorsiones, y apoyan una regulación más estricta.
El avance del proyecto que busca prohibir el uso de celulares en cárceles y comisarías de Chubut sumó el respaldo del Ministerio Público Fiscal, que considera la medida como una herramienta clave para combatir el delito organizado desde lugares de detención.
El fiscal jefe Alex Williams fue contundente al referirse a la problemática: “El delito no puede seguir operando desde las cárceles”, sostuvo al analizar el impacto que tienen los dispositivos móviles en distintas investigaciones judiciales.
Según explicó, el uso de celulares por parte de internos no es un hecho aislado, sino una práctica extendida que permite sostener maniobras delictivas aún en contexto de encierro. En ese sentido, detalló que se han detectado casos de estafas, extorsiones y amenazas planificadas y ejecutadas desde unidades penitenciarias.
Para el funcionario judicial, el teléfono móvil se convirtió en una herramienta que facilita la continuidad de estructuras delictivas, lo que obliga a repensar los mecanismos de control dentro del sistema carcelario.
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Williams remarcó que la iniciativa legislativa no apunta a vulnerar derechos, sino a establecer un marco más claro y seguro. “Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado”, explicó.
En esa línea, sostuvo que el problema no es la comunicación en sí, sino la falta de control sobre los medios utilizados. El objetivo, según planteó, es evitar que se utilicen dispositivos no autorizados para cometer delitos que afectan directamente a la sociedad.
El fiscal también subrayó la necesidad de avanzar con una normativa uniforme que permita dar una respuesta integral a esta problemática, que trasciende casos individuales y tiene impacto en la seguridad pública.
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El proyecto, actualmente en debate en la Legislatura provincial, busca establecer límites claros al uso de tecnología dentro de los lugares de detención, en un contexto donde las nuevas herramientas digitales modificaron las dinámicas del delito.
Para el Ministerio Público Fiscal, la regulación de estos dispositivos es un paso necesario para cerrar una brecha que hoy permite que ciertas actividades ilegales continúen operando incluso desde el encierro.
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