Un acuerdo entre fiscales y aseguradoras apunta a mejorar investigaciones y reducir maniobras que impactan directamente en los costos que pagan los usuarios.
El fraude en el sistema asegurador no solo afecta a las compañías, también termina impactando en el bolsillo de quienes contratan una póliza. En ese escenario, un nuevo acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal bonaerense y el sector asegurador apunta a intervenir sobre un problema que tiene consecuencias económicas concretas.
Según estimaciones del sector, las maniobras fraudulentas generan un aumento de entre el 15% y el 20% en los valores de las coberturas, un dato que explica por qué el tema empezó a ocupar un lugar central en la agenda.
El convenio firmado entre la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires busca atacar ese fenómeno desde distintos frentes. La iniciativa combina capacitación, intercambio de información y desarrollo de herramientas tecnológicas para mejorar las investigaciones.
Desde el sector asegurador describieron el acuerdo como un punto de inflexión en la relación con la justicia. “Con esta interacción, se busca no sólo un mayor conocimiento en la materia, sino también proporcionar herramientas para la investigación de posibles delitos”, señalaron fuentes vinculadas al convenio.
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Uno de los ejes principales pasa por el uso de tecnología para agilizar procesos. El objetivo es implementar sistemas que permitan compartir información de manera segura y eficiente, reduciendo tiempos en causas penales y facilitando la detección de irregularidades.
En paralelo, se prevé una estrategia de formación conjunta. Fiscales, técnicos y especialistas participarán en cursos y jornadas para mejorar la capacidad de respuesta ante delitos vinculados a seguros, en un esquema de trabajo coordinado entre ambas instituciones.
El acuerdo incluye un marco general de colaboración, pero también dos líneas específicas. Por un lado, un programa de capacitación continua. Por otro, un esquema de cooperación tecnológica orientado a optimizar la investigación penal.
Los datos del sector ayudan a dimensionar el problema. Uno de cada tres siniestros denunciados presenta sospechas de fraude, lo que obliga a destinar recursos a verificar cada caso y complejiza la gestión del sistema.
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Además, hay segmentos donde la incidencia es mayor. El 65% de los casos investigados corresponde a seguros automotores, un rubro donde las maniobras fraudulentas aparecen con mayor frecuencia y generan pérdidas significativas.
La concentración geográfica también es un factor relevante. El 70% de los casos se detecta en el AMBA, lo que marca una fuerte localización del fenómeno en el área metropolitana.El acuerdo fue firmado por el procurador general Julio Conte-Grand y el presidente de ADEAA, Aldo A. Álvarez, en representación de una entidad que agrupa a 30 compañías de capital nacional.
A partir de este esquema, no se descarta la incorporación de otros organismos públicos para ampliar el alcance de las acciones. La intención es consolidar un espacio de trabajo sostenido que permita abordar el fraude con mayor coordinación.
El desafío, en definitiva, no se limita a detectar irregularidades, sino a reducir su impacto en todo el sistema. En un mercado donde cada desvío termina trasladándose a los costos, la prevención aparece como un factor determinante.
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