Privatización de AySA: oferentes con causas judiciales y un plan de inversión con metas limitadas
Actualidad19/07/2026
REDACCIÓNEl servicio de agua para 14 millones se concesionará por 30 años sin precio base en el pliego. Roggio y JCR, entre los interesados.
El contrato de concesión para la privatización de AYSA estipula una inversión total de US$15.040 millones a lo largo de 30 años, con un desembolso inicial de US$1940 millones en el primer quinquenio. Sin embargo, las metas para los primeros diez años son modestas, ya que la cobertura de agua potable solo pasará del 75,3% al 78,9%. El propio pliego describe esta etapa como de “estabilización operativa” y no de expansión del servicio.
Entre los interesados en la operación se encuentra el Grupo Roggio, un jugador local con amplia trayectoria en el sector a través de Aguas Cordobesas. El líder del conglomerado, Aldo Roggio, se encuentra procesado en la causa Cuadernos y, como arrepentido, reconoció haber pagado coimas. Dicha admisión estuvo vinculada al 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.
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Otro de los oferentes con ejecutivos implicados en la misma causa judicial es JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats. Según testimonios de la causa, la compañía obtuvo 44 licitaciones de Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner. El contador Víctor Manzanares declaró que el Grupo Relats pagó alrededor de US$10 millones a la familia presidencial por el alquiler del complejo durante 11 años.
Además, en la lista de competidores locales aparece Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti es, desde 2009, el proveedor monopólico de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AYSA. Para esta licitación, trabaja en una propuesta conjunta con Rowing, la empresa de ingeniería creada por Walter Román.
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Este grupo ya protagonizó un antecedente polémico en 2023, cuando ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión. Aquel proceso derivó en una denuncia penal presentada por la Coalición Cívica que no prosperó en la justicia. Por otro lado, el grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo, fue mencionado como posible interesado pero no se ha mostrado activo en las consultas del proceso.
La competencia también podría incluir actores internacionales, aunque su participación no está confirmada. La empresa brasileña Sabesp, que opera la red de San Pablo, estuvo presente en las consultas del data room, mientras que la francesa Veolia participaría a través de su filial local. En tanto, se especula que la estatal israelí Mekorot funciona más como una garantía de “prestigio internacional” que como un operador real.
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El Gobierno diseñó un formato de venta sin base ni precio mínimo público, por lo que el resultado “dependerá de la competencia efectiva entre oferentes”, según el texto oficial. El 12 de agosto finaliza el plazo para la consulta de los pliegos y las ofertas se presentarán 15 días después. Desde el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones por la venta del 90% de las acciones de la compañía.
El contrato de concesión presenta, además, deficiencias significativas que ya generan debate en el sector. No se prevé la universalización del servicio en los 30 años de vigencia, y la obra clave de Berazategui, fundamental para la disposición de efluentes, solo tiene comprometidos “estudios” sin fecha ni presupuesto de ejecución. Asimismo, el problema de los nitratos, una cuestión de salud pública, recién se resolvería en un 99% hacia el año 2041.
En el plano laboral, el sindicato del sector logró que los pliegos de la licitación dejen constancia de que el Convenio Colectivo que rige la actividad se mantendrá como régimen aplicable. Este acuerdo tiene vigencia hasta el año 2028 y protege las condiciones de los empleados. Adicionalmente, el 10% restante del paquete accionario de la empresa quedará destinado al programa de propiedad participada.
Fuente: LA NACION.
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