Prohíben calzas y comida en visitas a presos y el conflicto llegó a la Justicia en Trelew

Internos del Instituto Penitenciario Provincial cuestionaron restricciones sobre alimentos y ropa para las visitas. El reclamo ya quedó en manos del juez.

Las nuevas disposiciones dentro del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew ya salieron del perímetro del penal y entraron de lleno en el terreno judicial. Un grupo de internos llevó el planteo ante el juez Marcelo Di Biase para cuestionar medidas que modifican de forma concreta el modo en que se desarrollan las visitas. El eje de la discusión no pasa solo por el control interno, sino por el impacto que esas decisiones tienen sobre la alimentación cotidiana y sobre el vínculo con las familias.

El reclamo apunta contra dos frentes sensibles al mismo tiempo. Por un lado, los detenidos objetan la prohibición de ingresar productos como milanesas, salamines, croquetas y tartas, y remarcan que la decisión no muestra una explicación uniforme ni criterios estables. Por otro, rechazan la aplicación de un código de vestimenta para las visitas, sobre todo para las mujeres, porque entienden que fija límites que exceden una cuestión de seguridad.

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La discusión tomó forma en una audiencia realizada este viernes, donde el interno Pablo Hualpa, con siete años de detención, habló por videoconferencia en representación del colectivo. En esa exposición buscó correr el foco de una acusación directa contra el personal penitenciario y apuntó a una carencia más amplia dentro del sistema. “No hay medios materiales ni humanos suficientes, y se busca aliviar la carga de requisas a costa de nuestra alimentación”, sostuvo.

Esa definición expuso uno de los puntos más delicados del conflicto, porque los internos sostienen que detrás de las restricciones aparece una lógica de funcionamiento marcada por la falta de recursos. En su presentación ante la Justicia, calificaron las medidas como “incoherentes, contradictorias y arbitrarias” y pusieron en duda la consistencia de los controles. Según señalaron, mientras algunos alimentos preparados quedan prohibidos, otros de características similares sí logran pasar, lo que para ellos muestra un criterio irregular.

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También plantearon que parte de las nuevas reglas genera un perjuicio económico directo para las familias que viajan a verlos. Algunos productos, según denunciaron, solo pueden consumirse dentro de la sala de visitas y no se pueden trasladar luego a los pabellones. Esa limitación obliga muchas veces a tirar lo que sobra y transforma un momento de encuentro en una situación de pérdida para quienes llegan con comida comprada o preparada con esfuerzo.

A ese cuadro se suman observaciones sobre condiciones que, según los detenidos, pueden afectar la higiene y la salud. Entre los puntos cuestionados aparecen la exigencia de trasvasar bebidas y alimentos a otros envases antes del ingreso y las demoras en la entrega de productos perecederos después de la revisión. Para los internos, esas prácticas alteran el estado de lo que entra al penal y abren otro frente de conflicto en un contexto ya cargado de tensión.

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En paralelo, el nuevo código de vestimenta abrió otra controversia por su alcance y por el perfil de las personas a las que impacta con más fuerza. La normativa prohíbe el uso de calzas, prendas con capucha, bufandas y otros accesorios de abrigo en las visitas. Dentro del penal, la subcomisaria Pamela Vásquez explicó que la decisión busca facilitar la identificación por cámaras de seguridad y evitar confusiones con uniformes del personal.

La funcionaria también vinculó la medida con la convivencia dentro del establecimiento y con situaciones registradas durante las visitas. Según expresó, algunas prendas ajustadas o translúcidas generaron conflictos entre internos y por eso se fijaron pautas consideradas “adecuadas” para ese ámbito. Del otro lado, los detenidos responden que esa regulación termina recayendo sobre mujeres de bajos recursos, que muchas veces usan ropa accesible y abrigada para enfrentar el clima de la zona.

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Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del planteo, porque la discusión deja de ser solo reglamentaria y toca de lleno la relación entre el encierro y el sostén familiar. Los internos sostienen que estas restricciones no se agotan en una incomodidad, sino que golpean el modo en que madres, parejas, hermanas e hijas logran sostener las visitas. En ese marco, entienden que el vínculo con el afuera queda condicionado por reglas que, lejos de ordenar, terminan levantando nuevas barreras.

Frente a la controversia, el defensor público Sergio Rey propuso abrir una instancia de diálogo antes de que el conflicto escale a una definición judicial de fondo. Para el próximo miércoles quedó prevista una reunión entre representantes de los internos, autoridades del penal, el área de Servicio Social y la Dirección de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Seguridad. Ese encuentro buscará acercar posiciones en un expediente donde ya no se discuten solo normas internas, sino también los límites de lo que el sistema penitenciario puede imponer sobre la vida cotidiana de quienes visitan a las personas detenidas.