Condenan a empresa por demorar internet

Un fallo judicial obligó a indemnizar a un usuario por la demora extrema en la instalación del servicio y sancionó a la compañía por incumplimientos.

El caso de un usuario que pasó casi un año sin servicio pese a haberlo contratado expone con crudeza los límites en la relación entre empresas y clientes. La Justicia bonaerense condenó a una compañía de telecomunicaciones tras comprobar una demora prolongada, cobros indebidos y falta de respuestas. La decisión marca un precedente sobre las obligaciones en la prestación de servicios esenciales.

El conflicto comenzó cuando el cliente solicitó la instalación de telefonía fija e internet en su domicilio de San Nicolás. Tras cumplir con los requisitos exigidos por la empresa, incluidos los pagos correspondientes, el servicio no se concretó dentro de los plazos previstos. A partir de allí se inició un recorrido de reclamos que se extendió durante meses.

OTRAS NOTICIAS:

El expediente judicial acreditó que el usuario debió esperar 322 días desde el pedido inicial hasta la instalación efectiva, un lapso muy superior al permitido por la normativa vigente. Durante ese tiempo, realizó múltiples gestiones ante la empresa y también ante el organismo regulador. Ninguna de esas instancias logró resolver el problema en forma inmediata.

Uno de los puntos más relevantes del caso es que el cliente abonó dos veces el cargo de instalación. Según consta en la causa, el primer pago no fue imputado correctamente, lo que derivó en un nuevo desembolso. Este aspecto reforzó la posición del demandante al momento de reclamar por los perjuicios sufridos.

OTRAS NOTICIAS:

La empresa, por su parte, intentó justificar la demora argumentando problemas técnicos y operativos. También sostuvo que el servicio de internet no debía considerarse esencial y que el usuario contaba con alternativas como la telefonía móvil. Sin embargo, el fallo descartó estos argumentos por falta de pruebas concretas.

La jueza concluyó que la compañía incumplió tanto con los plazos legales como con el deber de información hacia el usuario. En ese sentido, remarcó que nunca se brindaron explicaciones claras sobre las causas de la demora. Además, señaló que la obligación asumida por la empresa era de resultado, lo que implica que debía garantizar la prestación en tiempo y forma.

OTRAS NOTICIAS:

El fallo también valoró el desgaste que implicó para el usuario sostener el reclamo durante tanto tiempo. Las reiteradas gestiones, los pagos duplicados y la falta de respuestas configuraron un escenario que excede una simple demora administrativa. Esa situación fue clave para justificar la indemnización.

En ese marco, la Justicia fijó un resarcimiento por daño moral de 300.000 pesos, al considerar que el caso generó una afectación concreta más allá de lo económico. La resolución tomó en cuenta el tiempo transcurrido y la conducta de la empresa durante todo el proceso. El monto se definió en base a antecedentes similares.

OTRAS NOTICIAS:

Además, se aplicó un daño punitivo equivalente al valor de una canasta básica total, con el objetivo de sancionar el incumplimiento y desalentar prácticas similares. Este tipo de multa busca generar un efecto disuasivo en las empresas que no respetan los derechos de los consumidores. La decisión refuerza el rol de la normativa vigente.

El fallo también estableció que la empresa deberá afrontar las costas del proceso judicial. Este punto responde al principio de que la parte vencida debe asumir los gastos derivados del litigio. La regulación de honorarios profesionales se definirá en una etapa posterior.

OTRAS NOTICIAS:

Otro aspecto destacado es que la compañía no logró demostrar la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que justificara la demora. La ausencia de esa prueba resultó determinante para atribuirle responsabilidad. La carga probatoria quedó claramente en su contra.

El expediente incluyó documentación detallada sobre pagos, reclamos y actuaciones administrativas. Esa evidencia permitió reconstruir el recorrido del usuario y evidenciar la falta de respuestas. También se constató que la empresa no contestó en tiempo y forma los requerimientos del organismo de control.