La Justicia avaló el esquema de audiencias por glaciares y rechazó el freno que pedían ONGs

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un capítulo judicial que impacta de lleno en el proceso parlamentario. La Justicia federal rechazó el pedido de organizaciones ambientalistas que buscaban modificar el esquema de participación en las audiencias públicas.

La decisión quedó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien desestimó la medida cautelar presentada por distintas ONG. El planteo apuntaba a garantizar que todos los inscriptos pudieran exponer de manera oral en el Congreso.

El conflicto se originó a partir de la definición de las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Allí se resolvió limitar la participación oral a los primeros inscriptos por provincia, ante una convocatoria que superó las 70 mil personas.

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Frente a esa decisión, el resto de los interesados podrá participar a través de presentaciones escritas o mediante el envío de videos al canal oficial de YouTube de la Cámara baja. Ese mecanismo fue cuestionado por las organizaciones, que consideraron que restringe la participación pública en temas ambientales.

Sin embargo, el juez rechazó ese argumento al analizar los requisitos para dictar una cautelar. En su fallo, sostuvo que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario”.

Además, remarcó que los actos de las autoridades cuentan con una presunción de validez que exige un análisis estricto antes de intervenir judicialmente. En ese sentido, agregó que “la prueba acompañada por los accionantes no revela -con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”.

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El fallo deja firme el esquema de audiencias previsto para los días 25 y 26 de marzo, en medio de un debate que genera fuerte interés público y posiciones enfrentadas en torno a la reforma de la normativa.

Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz celebró la resolución judicial y defendió el proceso. A través de su cuenta en X, sostuvo: “Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”.

En el mismo mensaje, cuestionó a las organizaciones que impulsaron la presentación judicial y afirmó que “un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”.

Con este escenario, el debate legislativo continúa sin modificaciones en su formato, mientras persisten las tensiones entre los sectores que impulsan cambios en la ley y quienes advierten sobre posibles impactos ambientales.