La medida se extiende durante toda la semana y pone el foco en la pérdida de ingresos frente a la inflación y en el reclamo por mayor financiamiento.
Aulas vacías
La continuidad del paro universitario no aparece como un gesto aislado ni como una reacción momentánea, sino como la expresión de un malestar que se fue acumulando en el tiempo y que ahora encuentra una forma más sostenida de manifestarse. La decisión de extender la medida incluso en una semana atravesada por feriados refuerza esa señal.
El reclamo central gira alrededor de los ingresos, pero no se limita a una discusión puntual de aumentos, sino que apunta a una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Los gremios docentes insisten en que el atraso salarial se profundizó en los últimos meses y que la recomposición ya no admite dilaciones.
En ese marco, el paro se mantiene hasta el 30 de marzo, impulsado por las principales federaciones nacionales, en una coordinación que busca amplificar el alcance de la protesta. La medida abarca a universidades de todo el país y se sostiene a pesar de la fragmentación habitual del calendario académico.
El conflicto también pone en discusión el financiamiento del sistema universitario en su conjunto. No se trata solo de salarios, sino de condiciones de funcionamiento que, según los gremios, dependen de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el año pasado.
Los datos difundidos por docentes de la Universidad de Buenos Aires aportan una dimensión más concreta del deterioro. Según ese relevamiento, el salario real se ubica 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y además cae incluso por debajo de registros históricos previos, con niveles inferiores a los de 2004.
Ese retroceso no se explica únicamente por la falta de aumentos recientes, sino también por el ritmo de la inflación. En los últimos meses, los incrementos salariales quedaron muy por detrás de la suba de precios, lo que amplió la brecha y profundizó la pérdida de ingresos.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, Laura Carboni, describió el impacto de ese proceso con una frase que sintetiza el momento: “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” desde noviembre de 2023. La referencia apunta a la acumulación de pérdida real, más allá de los valores nominales.
En ese mismo sentido, Carboni detalló la dinámica reciente de ingresos y precios: “En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así”.
La decisión de avanzar con una medida más prolongada también responde a la evaluación de experiencias previas. Según explicó la dirigente, los paros aislados no lograron modificar la situación, lo que llevó a impulsar una estrategia distinta: “Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”.
Mientras tanto, la continuidad del paro impacta en la dinámica académica y mantiene abierto un conflicto que no muestra señales de resolución inmediata, en un contexto donde el reclamo salarial y el financiamiento del sistema aparecen cada vez más entrelazados .