Tasas por encima del 300% y mora en alza: el crédito entra en zona de tensión

El sistema financiero argentino atraviesa un escenario de fuerte presión, con tasas de interés que en algunos casos superan el 300% anual y niveles de morosidad que vuelven a encender alertas, en un contexto comparable con momentos críticos como la crisis de 2019 o la pandemia.

En el segmento de créditos personales, la Tasa Nominal Anual se ubica en promedio entre el 115% y el 120%, lo que se traduce en un Costo Financiero Total que en la mayoría de los casos supera el 200% anual y puede escalar aún más en el universo fintech. Este escenario contrasta con la tasa de referencia del Banco Central, cercana al 28%, y con los rendimientos de los plazos fijos, en torno al 23%.

En paralelo, los niveles de morosidad muestran una tendencia creciente. En los bancos, la cartera irregular ronda el 9%, mientras que en algunas billeteras virtuales alcanza hasta el 27%. Dentro del ecosistema fintech, se estima que existen más de 6 millones de deudores y que uno de cada cuatro presenta dificultades para cumplir con sus obligaciones.

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Frente a este panorama, analistas del mercado financiero coinciden en que la relación entre tasas altas y morosidad no es lineal, sino que se retroalimenta. Por un lado, cuando aumentan los incumplimientos, las entidades financieras elevan las tasas para cubrir el riesgo, trasladando ese costo a quienes sí pagan. Por otro, el incremento en las cuotas hace que cada vez más personas tengan dificultades para sostener sus compromisos.

Desde el punto de vista de los usuarios, el impacto es directo: cuotas más altas reducen la capacidad de pago. En muchos casos, quienes acceden al crédito no evalúan la tasa en sí, sino si pueden afrontar el monto mensual, lo que los expone a condiciones financieras más exigentes sin dimensionar el costo total.

A su vez, el nivel de ingresos juega un rol determinante. La caída del poder adquisitivo, sumada al aumento de precios en rubros esenciales como servicios y salud, reduce el margen disponible para el pago de deudas. Esto obliga a muchos hogares a priorizar gastos básicos, postergando obligaciones financieras.

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En ese contexto, también cambia la lógica del crédito respecto de años anteriores. Con menor inflación que en otros períodos, desaparece el efecto de “licuación” de las cuotas, que antes permitía que los pagos perdieran peso en términos reales con el tiempo. Hoy, ese alivio ya no existe, lo que se traduce en una carga más pesada para los deudores.

Desde el lado de las entidades, la tasa activa —la que se cobra por los préstamos— se construye a partir de múltiples factores: el costo de fondeo, los encajes, la carga impositiva, los gastos operativos y el nivel de morosidad. En ese esquema, la incobrabilidad se vuelve un componente clave que presiona al alza las tasas.

También incide la política monetaria. Las tasas elevadas responden, en parte, a la necesidad de contener el tipo de cambio y sostener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, este enfoque genera un efecto colateral: restringe el acceso al crédito para los sectores más solventes y deja como principales tomadores a perfiles de mayor riesgo.

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Además, la falta de previsibilidad en la política económica dificulta una baja sostenida de tasas, ya que las entidades buscan cubrirse ante posibles cambios bruscos en las condiciones de liquidez.

En este escenario, los especialistas coinciden en que no hay una única causa detrás del aumento de la morosidad. Se trata de un fenómeno multifactorial en el que influyen las tasas, los ingresos, el nivel de actividad económica y las condiciones del mercado financiero.

Sin embargo, también advierten que existe una relación directa entre ambos indicadores. Datos del Banco Central muestran que el aumento de la morosidad mantiene una fuerte correlación con la suba de tasas registrada en los últimos meses, aunque con un rezago de entre tres y seis meses.

El resultado es un sistema en tensión, donde tasas elevadas y mora creciente se potencian mutuamente, generando un equilibrio inestable que condiciona tanto a las entidades financieras como a los usuarios del crédito.