Qué pueden hacer ahora los fondos por YPF y por qué el conflicto sigue abierto

Tras el fallo que favoreció a la Argentina en Nueva York, los demandantes analizan nuevas vías judiciales que podrían extender el litigio varios años.

El escenario judicial por la expropiación de YPF cambió de forma significativa, pero no se cerró. El reciente fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York redujo el margen de acción de los fondos demandantes, aunque todavía existen caminos posibles para intentar revertir la decisión.

Uno de los movimientos que se evalúan es un pedido de revisión ante todos los jueces del tribunal, conocido como hearing en banc. Se trata de un recurso excepcional dentro del sistema judicial estadounidense y su aceptación es poco frecuente. Aun así, aparece como la alternativa más inmediata dentro de los plazos procesales.

Este tipo de presentación debe realizarse dentro de los 14 días posteriores al fallo, y en caso de ser admitida, podría modificar el alcance de la resolución. En ese marco, el analista Sebastián Maril explicó que “si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, lo que implicaría una instancia poco habitual para este tipo de litigios.

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Sin embargo, la probabilidad de que ese pedido prospere es considerada baja. Incluso dentro del propio Gobierno reconocen que, aunque el caso tiene particularidades, la revisión en bloque no suele avanzar en la mayoría de los expedientes.

Si ese camino se cierra, queda una opción más compleja: acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Para ello, los demandantes deben presentar un recurso conocido como certiorari, que solo es aceptado en casos de relevancia extraordinaria. No se trata de una apelación automática, sino de una instancia que el máximo tribunal decide tomar o rechazar.

El calendario judicial también influye en ese escenario. La Corte entra en receso a fines de julio y retoma su actividad en octubre, por lo que los tiempos pueden estirarse varios meses. En el mejor de los casos para los demandantes, una definición podría llegar hacia fin de año; en caso contrario, el proceso podría extenderse incluso hasta 2027.

En paralelo, existe una tercera alternativa que no depende de las instancias anteriores: llevar el caso al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta vía permitiría abrir un nuevo frente internacional y mantener vivo el reclamo contra el Estado argentino desde otra jurisdicción.

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Dentro del Gobierno nacional consideran que el fallo reciente modificó el equilibrio del proceso. En ese sentido, aseguran que las probabilidades de que prospere una nueva apelación son limitadas, aunque reconocen que el litigio aún no terminó.

Desde ámbitos oficiales señalaron que “no está todo cerrado, pero está ganado en un 90%”, reflejando una lectura optimista sobre la situación actual, aunque con cautela frente a los pasos que puedan dar los fondos involucrados.

Mientras tanto, la estrategia jurídica de la Argentina se mantiene sin cambios. Los argumentos centrales apuntan a sostener que los reclamos de los accionistas no son válidos bajo el derecho local y que la normativa pública que regula la expropiación prevalece sobre cualquier planteo contractual.

El caso, que lleva más de una década en disputa, entra ahora en una fase donde los tiempos judiciales y las decisiones de los tribunales superiores serán determinantes. La definición final, por ahora, sigue sin fecha clara.