El delito de grooming sigue presente en la Argentina y, lejos de disminuir, mantiene niveles de preocupación entre quienes trabajan en prevención. A pesar de la vigencia de la llamada ley Micaela Ortega, impulsada tras un caso que conmocionó al país, especialistas advierten que el problema persiste y que aún hay mucho por hacer.
La principal alarma no pasa solo por la cantidad de casos, sino por el desconocimiento social. Todavía hay familias que no identifican cuándo están frente a una situación de riesgo ni saben cómo actuar ante un posible contacto virtual con menores.
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En ese sentido, el licenciado Marcelo Ortega explicó que “cuando hablamos de grooming estamos hablando de un delito… donde hay una persona detrás que intenta captar a un menor con fines de abuso, violación o la muerte”. La gravedad del concepto, muchas veces minimizado, marca el punto de partida de una problemática compleja.
El antecedente más fuerte en el país es el caso de su sobrina, ocurrido en 2016, que derivó en la creación de una ley específica. Sin embargo, la normativa no logró frenar la aparición de nuevos hechos, lo que expone la necesidad de reforzar el trabajo preventivo en todos los ámbitos.
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“Todavía sigue faltando seguir trabajando el tema… los casos nunca dejan de estar”, sostuvo Ortega, quien remarcó que la presencia de agresores en entornos digitales es constante y se adapta a nuevas plataformas y formas de contacto.
El impacto del grooming no se limita a lo judicial. Más allá de la pena prevista —de hasta tres años de prisión—, el daño psicológico en las víctimas puede extenderse durante toda la vida. La manipulación emocional, la culpa y el miedo son algunas de las consecuencias más difíciles de revertir. “La condena es de tres años… pero el daño mental no son tres años”, advirtió, al describir la profundidad de las secuelas que deja este tipo de delito en niños, niñas y adolescentes.
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El problema se agrava cuando el agresor ocupa un rol de confianza. Docentes, referentes sociales o personas cercanas pueden generar un vínculo previo que aumenta la vulnerabilidad de la víctima y dificulta la detección temprana.
En paralelo, el especialista insistió en que la prevención no depende únicamente de campañas oficiales. La participación de las familias, escuelas y comunidades resulta clave para detectar situaciones sospechosas y actuar a tiempo.
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Una de las herramientas fundamentales es el diálogo. Según explicó, la comunicación cotidiana entre padres e hijos puede marcar la diferencia frente a un intento de captación. “La mejor manera de prevenir es la comunicación”, remarcó.
También subrayó la importancia de no borrar pruebas en caso de sospecha. Capturas de pantalla, mensajes y registros digitales pueden ser determinantes para avanzar en una denuncia y lograr una condena. "Una de las maneras que tenemos para aprender sobre el tema es acudir a la ONG Mamá en Línea a través de Facebook, ahí podemos sacarnos todas las dudas al respecto", dijo Ortega.
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En Chubut, además, existen líneas específicas para denunciar estos casos, como el 102, junto con el acompañamiento de organismos locales. Sin embargo, el acceso a estos recursos depende en gran medida del conocimiento que tenga la comunidad sobre el tema.
Finalmente, Ortega planteó que el desafío es colectivo. La información debe circular en todos los espacios posibles, desde escuelas hasta clubes y ámbitos cotidianos. “Hay que seguir siendo replicadores… porque si no, vamos a seguir teniendo más víctimas”, concluyó.
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