La Justicia le cerró la salida del país a Ortigoza por deudas alimentarias

Policiales28/03/2026

Dos resoluciones judiciales agravaron la situación del exfutbolista, que además quedó inscripto como deudor moroso por incumplimientos vinculados a sus hijos.

Néstor Ortigoza no podrá salir de la Argentina hasta que regularice las cuotas alimentarias adeudadas respecto de sus hijos menores. La medida fue dispuesta por la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, en una semana donde además otro juzgado ordenó su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El cuadro judicial del exfutbolista sumó así dos decisiones concretas que ya no se mueven en el terreno de la advertencia, sino en el de las restricciones efectivas.

La resolución de Morón se dictó a partir de una demanda presentada por la madre de su hija y apuntó directamente al incumplimiento sostenido de la obligación alimentaria. Los camaristas Miguel Caviglione Fraga y Eduardo Quadri coincidieron en que la situación había alcanzado un “punto de incumplimiento reiterado”. Con esa evaluación, hicieron lugar a la cautelar pedida por su ex pareja y bloquearon su egreso del país.

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El texto judicial fue terminante respecto del alcance de la medida. “La salida de Néstor Ortigoza del país queda bloqueada hasta tanto cumpla íntegramente con las obligaciones alimentarias fijadas y regularice los montos adeudados respecto de la menor”, ordenó el tribunal. La decisión no se limita entonces a una observación sobre su conducta, sino que fija una consecuencia directa y condiciona cualquier salida del país al pago completo de lo adeudado.

En paralelo, el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora avanzó sobre otra causa vinculada al hijo que Ortigoza tiene con Lucila Cassiau. Esa resolución se apoyó en la acumulación de denuncias por incumplimiento de la cuota alimentaria y, según el texto al que accedió Infobae, concluyó que el exfutbolista había desoído varias intimaciones judiciales recientes. El juzgado definió esa conducta como “una conducta irregular” y dispuso su incorporación al registro oficial de deudores morosos.

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Ese segundo expediente también dejó una definición de fondo sobre la naturaleza del deber alimentario. Según la resolución, el pago de la cuota no constituye una alternativa disponible según la voluntad del obligado, sino un deber jurídico y humano que no puede ser esquivado sin consecuencias. Allí aparece uno de los puntos más pesados del cuadro actual de Ortigoza: la Justicia ya no sólo le reclama cumplimiento, sino que empieza a registrar formalmente la persistencia del incumplimiento.

Las dos medidas llegaron, además, en un contexto judicial que no se agota en el frente alimentario. Ortigoza sigue bajo el peso público de la causa por violencia de género iniciada en 2024 a partir de una denuncia de Lucila Cassiau, aunque ese expediente permanece frenado desde hace un año. La investigación quedó paralizada después de que la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Ezeiza, se declarara incompetente por una cuestión de jurisdicción.

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Según el texto fuente, la víctima aportó más pruebas con el correr del proceso, entre ellas filmaciones donde se veía al exdirigente de San Lorenzo agredirla verbal y físicamente en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese material, la fiscal entendió que el hecho denunciado debía ser leído como un delito continuado y que los episodios de violencia doméstica habrían comenzado cuando ambos convivían en Caballito, fuera del ámbito que le correspondía investigar. Desde entonces, esa causa no avanzó, pero siguió gravitando sobre su situación pública e institucional.

Ese impacto ya había tenido una consecuencia concreta dentro del club. En febrero de este año, San Lorenzo de Almagro resolvió suspenderlo como socio por el plazo de un año, a partir de una decisión del Tribunal de Ética y Disciplina tomada por unanimidad. La sanción, basada en una supuesta infracción al artículo 35 del estatuto por mala conducta con perjuicio para la institución, le impide asistir a partidos, votar en la asamblea, participar de la vida interna del club y comprar entradas, entre otras restricciones.

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Con las nuevas resoluciones de Morón y Lomas de Zamora, la situación de Ortigoza quedó ahora más comprometida en otro frente, el del incumplimiento económico respecto de sus hijos. La prohibición de salir del país y la inscripción como deudor moroso marcan un endurecimiento judicial que excede el daño reputacional y se traduce en límites concretos sobre su vida cotidiana. Aunque la causa por violencia siga detenida, el resto de los expedientes sigue avanzando y hoy lo ubica frente a un escenario cada vez más condicionado por la Justicia.

Fuente: Infobae.