Comisario sacó a presos de una cárcel para hacerlos trabajar de albañiles en una obra propia
Policiales29/03/2026
REDACCIÓNLa Justicia de Tucumán le impuso una pena efectiva a un expolicía que trasladó detenidos sin control judicial y los usó en tareas de albañilería.
La Justicia de Tucumán condenó a Gustavo Javier Beltrán, un expolicía que sacó presos de comisarías y los hizo trabajar como albañiles en su beneficio personal. La pena fijada fue de tres años y un mes de prisión, de cumplimiento efectivo. El fallo también incluyó inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación económica.
El caso no quedó reducido a un abuso funcional aislado dentro de una dependencia policial. La investigación probó que Beltrán, exjefe de la Unidad Regional Norte de la Policía tucumana, trasladó a detenidos sin autorización judicial y los utilizó para realizar trabajos de construcción. Parte de esas tareas se hicieron en instalaciones públicas, pero otra parte fue directamente a parar a una obra en su casa de El Cadillal.
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La condena se resolvió en un juicio abreviado, aunque esa vía no alivió el peso del cuadro que se le atribuyó. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, Beltrán fue hallado culpable de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. Dentro de esa resolución también se dispuso el decomiso de un cuatriciclo como parte de la reparación económica.
El núcleo del expediente mostró un mecanismo sostenido y no una decisión improvisada de un solo día. Durante los primeros días de agosto y también en noviembre de 2025, el entonces jefe policial organizó el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hacia dependencias de la URN en Tafí Viejo. Todo eso ocurrió sin conocimiento de la autoridad judicial competente y sin que los movimientos quedaran asentados de la manera que correspondía.
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El expediente también avanzó sobre la maniobra usada para ocultar esos traslados. La acusación sostuvo que Beltrán acordó con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira la inserción de datos falsos en el libro de guardia. En uno de esos registros figuró que un patrullero llevaba a dos detenidos condenados con destino a la comisaría de Chuscha, cuando en realidad la camioneta fue conducida hasta la vivienda en construcción del imputado.
La gravedad del caso también apareció en el uso de recursos públicos para fines privados. La fiscalía remarcó que el expolicía desvió de su finalidad un vehículo oficial, combustible y la propia infraestructura operativa de la unidad regional. Es decir, no solo sacó presos de sus lugares de alojamiento, sino que además puso bienes estatales al servicio de una obra personal.
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Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, describió el funcionamiento del esquema con una formulación directa. Señaló que Beltrán “se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación donde dispuso el traslado irregular de detenidos” y agregó que luego “los utilizó para realizar trabajos de construcción en su beneficio personal”. En la misma exposición, también sostuvo que el exjefe policial ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la URN.
Antes de que se conociera la sentencia, Beltrán asumió su responsabilidad frente al tribunal. “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona, sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”, expresó. Esa confesión quedó incorporada al cierre judicial del caso, pero no modificó la pena acordada.
La causa ya había tenido un primer impacto cuando la Justicia detuvo a cuatro policías señalados como involucrados en la maniobra. La condena conocida ahora coloca en el centro al exjefe de la regional y fija una respuesta penal concreta frente a un uso ilegal de detenidos dentro de una estructura estatal. Lo que queda expuesto, más allá del fallo, es la dimensión de un esquema que mezcló abuso de mando, recursos públicos y personas privadas de libertad convertidas en mano de obra.
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