Piden explicaciones por cierre de casinos y despidos en Esquel, Trevelin y Rada Tilly

La diputada reclamó al Ejecutivo datos sobre Esquel, Trevelin y Rada Tilly, con foco en las cesantías, las auditorías y la continuidad de las concesiones.

El cierre de salas de casino en Esquel, Trevelin y Rada Tilly dejó trabajadores sin certezas, denuncias por despidos y versiones sobre ofertas indemnizatorias que no alcanzarían los mínimos legales. Sobre ese cuadro, la diputada provincial Tatiana Goic presenta este lunes un pedido de informes sobre un conflicto que ya salió del plano empresarial para instalarse en la discusión política provincial. El planteo no se limita a una consulta general, porque exige respuestas concretas sobre concesiones, controles, recaudación y derechos laborales.

La iniciativa ordena una batería de preguntas que apuntan a dos áreas sensibles al mismo tiempo: el rol del Instituto de Asistencia Social y la intervención de la Secretaría de Trabajo. Goic parte de una premisa central: la explotación del juego es competencia exclusiva de la Provincia a través del IAS, pero el riesgo de esa actividad recae por completo en los concesionarios, que además son responsables de las obligaciones laborales, previsionales y de policía. 

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Uno de los núcleos más delicados del pedido pasa por las salas de Esquel y Trevelin, operadas por Trewelyn S.A., donde Goic quiere conocer el estado actual de los contratos, las razones comunicadas para el cierre y si se activaron procesos de extinción de concesión por “cese de actividad” o “incumplimiento”. Esa parte del texto no queda en una formalidad administrativa, porque intenta establecer si la clausura de esas salas puede tener consecuencias sobre la continuidad misma del vínculo concesional. La situación de Rada Tilly agrega una contradicción política todavía más visible, porque la sala allí funciona bajo Casino Club S.A., empresa alcanzada por la prórroga de quince años aprobada por la Ley I-N° 833. Ese convenio, recuerda el pedido, quedó atado a un aporte de 8.000 millones de pesos para obras públicas e incluyó de manera expresa a esa sala dentro de la extensión. Por eso Goic exige saber cuáles fueron los motivos del cierre en esa localidad y si ese paso habilita al IAS a aplicar la Cláusula Séptima del convenio para dejar sin efecto la prórroga que la propia Legislatura avaló.

El proyecto también corre el foco hacia los trabajadores y busca determinar cuántas personas quedaron afectadas por estas decisiones empresarias, con discriminación entre planta permanente y contratados. Además, reclama saber si la Secretaría de Trabajo ejerció su poder de policía laboral mediante inspecciones de oficio o a partir de denuncias, si constató en terreno la situación de las salas cerradas y si tomó medidas frente a las versiones de indemnizaciones del “50%” en Esquel. En ese tramo, Goic incorpora una advertencia jurídica específica: si hubo rescisión de contratos y las empresas incumplieron intimaciones administrativas, los trabajadores tendrían derecho a percibir sus remuneraciones íntegras.

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La diputada pide precisiones sobre posibles audiencias de conciliación obligatoria con participación de asociaciones sindicales representativas, sobre eventuales sanciones o multas a las concesionarias por obstrucción inspectora o por incumplimientos laborales, y sobre intimaciones para el cese de medidas que alteraran la situación previa al conflicto.  Otro capítulo del pedido apunta al dinero que gira alrededor del negocio del juego y a la trazabilidad de esas obligaciones.

Goic solicita un informe fehaciente sobre la fecha de inicio y de vencimiento de todas las concesiones de casinos en la provincia, discriminadas por localidad y empresa, y suma un requerimiento amplio sobre la recaudación bruta y neta de cada sala durante los últimos doce meses. También exige un detalle sobre el cumplimiento de los aportes de Casino Club S.A. al “Fondo Especial para Obras”, un punto que conecta la discusión laboral con los compromisos económicos asumidos por la concesionaria ante la Provincia.

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La presentación incorpora además una dimensión menos frecuente en este tipo de conflictos: la de la Responsabilidad Social Empresarial. Goic recuerda que la Ley VII-N° 96 define esa responsabilidad como un compromiso integral con la promoción de derechos humanos, la protección de los trabajadores y el fomento de un empleo digno y estable, y sostiene que los cierres, los despidos y las ofertas indemnizatorias denunciadas chocan con ese espíritu normativo. Por eso pregunta si Casino Club S.A. y Trewelyn S.A. están adheridas a ese régimen y, en caso afirmativo, exige copias certificadas de sus últimos informes, con especial detalle sobre acciones vinculadas a la protección del empleo.