Investigan si usó cursos truchos para acortar una pena por violencia de género

La Fiscalía de Puerto Madryn abrió una causa por certificados presuntamente falsos usados por un detenido para adelantar beneficios en una condena por violencia de género.

Una reducción de dos meses en los plazos para acceder a beneficios de salida quedó ahora bajo sospecha en Puerto Madryn. La decisión había sido concedida en la etapa de ejecución de una condena por violencia de género, pero la documentación que permitió ese avance empezó a ser cuestionada. A partir de esa irregularidad, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si se usaron certificados falsos dentro del expediente.

La presentación fue impulsada por el procurador de Fiscalía Fernando Blanco, que puso el foco en un hombre que permanece detenido. De acuerdo con la acusación, el condenado entregó certificados de capacitación a su nombre para obtener ventajas previstas por la ley durante el encierro. El punto central es que esos cursos no habrían sido realizados por él, sino por su expareja.

La situación adquiere una gravedad adicional por el vínculo entre las personas involucradas. La mujer que habría completado las capacitaciones fue la víctima en el proceso por el que el hombre terminó condenado. Esa superposición entre la causa previa y la maniobra investigada es uno de los elementos que ahora examina el Ministerio Público Fiscal.

La documentación fue utilizada para pedir la aplicación del beneficio conocido como “estímulo educativo”, contemplado en la Ley 24.660. Ese régimen permite acortar los tiempos para acceder a salidas transitorias cuando la persona detenida acredita actividades de formación durante el cumplimiento de la pena. En este caso, la discusión judicial ya no pasa por el beneficio en sí, sino por la autenticidad del respaldo presentado para obtenerlo.

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Los certificados atribuidos al detenido correspondían a cursos muy distintos entre sí y fueron incorporados como prueba de actividad educativa. Entre ellos figuraban capacitaciones sobre seguridad en el trabajo de carpintería, soldadura eléctrica, cultivo hidropónico en casa, construcción de termotanques solares, seguridad vial y propuestas vinculadas a huertas familiares. Esa variedad es parte del material que ahora revisa la Fiscalía para reconstruir cómo se emitieron, quién los completó y de qué manera ingresaron al expediente.

Con esa documentación sobre la mesa, la jueza interviniente había resuelto en su momento conceder la reducción de plazos. La medida ya había producido un efecto concreto sobre el calendario de ejecución de la pena, porque adelantaba el acceso a beneficios penitenciarios. La aparición posterior de dudas sobre los certificados cambió por completo el escenario y abrió una nueva etapa de revisión.

La sospecha no apunta solo a un posible engaño administrativo. Lo que se investiga es si hubo utilización consciente de papeles falsificados para influir en una decisión judicial vinculada con la libertad progresiva de una persona condenada. Por eso la causa fue encuadrada provisoriamente como “uso de instrumento público falso”, una figura prevista en el artículo 296 del Código Penal.

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Ese delito sanciona a quien emplea documentación falsa sabiendo que no es auténtica. En términos judiciales, lo que se considera afectado es la fe pública, pero también el funcionamiento de un sistema que toma decisiones sobre la base de constancias formales. Cuando esos papeles se presentan dentro de una condena por violencia de género, la maniobra deja de ser un detalle secundario y pasa a tener impacto directo sobre la respuesta institucional.

La investigación deberá establecer ahora si el hombre sabía que los certificados no le correspondían, cómo fueron obtenidos y si hubo otras personas involucradas en su incorporación al trámite. También quedará bajo análisis el alcance de la resolución que le había otorgado la reducción de plazos. La revisión no se limita a verificar un dato documental, sino a determinar si un beneficio judicial fue conseguido mediante un ardid.

El expediente abre así un frente nuevo dentro de una condena que ya tenía una historia previa marcada por la violencia. Lo que antes aparecía como una mejora en la situación del detenido hoy quedó atravesado por una presunta falsedad que puede modificar otra vez su posición procesal. La definición que adopte la Justicia no solo impactará sobre ese beneficio puntual, sino también sobre la validez de todo el recorrido que se construyó a partir de esos certificados.